Dos de los tres empleados de la Procuraduría General de la República (PGR) procesados porque se habrían apropiado de las indemnizaciones de tres usuarias que ganaron juicio laborales estarían ocultos en Guatemala, según las pesquisas de la Fiscalía.
El Juzgado Segundo de Paz de Santa Tecla, La Libertad, llevó a cabo ayer la audiencia inicial contra Juan José Pérez Sánchez, Raúl Moisés Somoza Martínez e Ingrid Liliana Rodríguez González.
Los últimos dos no llegaron a la diligencia: están prófugos.
Los procuradores fueron acusados ante el referido juzgado el sábado pasado.
Ese día, a pesar de que la Fiscalía pidió que se les decretara detención provisional, el juez dejó en libertad condicional a Pérez Sánchez, el único capturado por el caso.
Delegados del Ministerio Público denunciaron ayer que el juez “irrespetó el proceso”.
En la audiencia, que inició a las 11:00 de la mañana y fue suspendida pasadas las 3:00 p.m., el juez no emitió un fallo para los funcionarios.
La Oficina de Comunicaciones de la Fiscalía informó que la abogada de una de las víctimas se mostró en contra de que el juzgado haya dado “una resolución anticipada” al haber liberado a Pérez Sánchez la semana pasada.
Según la fuente, el juez suspendió la audiencia y citó para hoy a los defensores, la Fiscalía y el imputado.
Nueve empleados de PGR tienen procesos abiertos
Las investigaciones arrojan que tres mujeres acudieron a la Procuraduría General en busca de ayuda para promover juicios laborales contra las empresas que las despidieron sin ninguna justificación.
Al finalizar estos procesos, se obtuvieron fallos a favor de las víctimas, por lo que las compañías fueron obligadas a indemnizarlas.
Los procuradores debían notificar de esto a las ofendidas para que pudieran recibir sus cheques, pero ellos no lo habrían hecho para poderse quedar con el dinero.
Circunstancialmente, años después, las víctimas se enteraron de que habían ganado los juicios y que los imputados habían usado un poder legal para cambiar los cheques sin que ellas lo supieran.
Algunas de las mujeres fueron cesadas en el 2000 pero fue hasta 2010, por la presión que ejercían sus abogados, cuando los imputados las llamaron para darles el dinero porque “repentinamente” las empresas se los enviaron.
La Fiscalía asegura que se habrían apropiado de unos 7,271.90 dólares.
La Procuradora General, Sonia de Madriz, señaló el lunes que la institución investiga a nueve empleados para determinar si habrían cometido faltas que merecen ser sancionadas o podrían haber cometido algún delito y el caso debe pasar a manos de la Fiscalía.
“Hemos dicho que hay cero tolerancia para todo caso de corrupción, pero si la población no denuncia no tenemos conocimiento de ello. Tenemos nueve casos (abiertos) en Recursos Humanos y hemos denunciado otros tantos ante el Tribunal de Ética”, sostuvo De Madriz.