Luego que la Fiscalía llegó a Casa Presidencial (Capres), este lunes, para incautar los libros de registros de entradas y salidas de vehículos de ese lugar, con el objetivo de investigar quién manejaba la camioneta que atropelló a un motociclista la madruga del 1 de mayo y no encontrar nada, el secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia, Rubén Alvarado aseguró que no contaba con esos documentos porque están en el Estado Mayor Presidencia, en San Jacinto.
Sin embargo, la fiscal Nuria Campos, jefa de la Oficina Fiscal de Zaragoza, La Libertad, se quejó que esa información no se la dieron en la Presidencia.
“Esos registros, nos manifestaron, que no los llevan ellos… esa fue la única información que nos proporcionaron”, dijo Campos después de más de dos horas en el procedimiento.
Lee también: Presidencia da información "no válida" en caso camioneta vinculada a muerte de motociclista
La fiscal aseguró que la investigación continuará para determinar responsabilidades.
Camioneta era de uso oficial de funcionarios
Antes que representantes del Ministerio Público y elementos de la Policía ingresaran al lugar para la incautación, Nuria Campos manifestó que las investigaciones han arrojado que la camioneta vinculada al accidente en el que murió Mario García Cruz era de uso oficial de funcionarios públicos de la Presidencia.
También que la Fiscalía ha recibido información “parcial” de parte de la Presidencia de la República sobre el hecho, y que al concluir la investigación podría iniciarse un proceso penal y ventilarse en un juzgado.
La jefa fiscal, además, mencionó que en la Fiscalía no ha existido un acuerdo entre las partes, pero que la querella (parte acusadora) sí se presentó para decir que querían llegar a un acuerdo extrajudicial con los involucrados. Asimismo, que el caso tiene reserva desde que inició, dato que no había revelado anteriormente el Ministerio Público.
También te puede interesar: Video: Padres de motociclista embestido por auto de Capres piden justicia
En una investigación realizada por El Diario de Hoy la semana pasada, Baltazar Henríquez, el querellante, reveló que Fiscalía no le había permitido conocer las indagaciones sobre el caso y que el fiscal asignado a este, Mauricio Arriola, al inicio quería que las partes llegaran a una conciliación, pero días después se opuso a que sucediera.
Su oposición, según el abogado Henríquez, fue luego que él recibió a Julio César Vargas Acevedo quien se identificó como abogado de la Presidencia y le pedía solucionaran la situación.