El dinero que se recaude con el alza de 13 % a la electricidad podría ser utilizado para cubrir el enorme déficit que dejó el pago a la constructora italiana Astaldi por las obras en la presa El Chaparral, afirmó el abogado y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Ulices del Dios Guzmán.
En una entrevista televisiva, Guzmán criticó el arreglo directo que el gobierno de Mauricio Funes hizo con la firma italiana por el cual esta recibió del Estado $108 millones por una obra que no finalizó.
Además, afirmó que el cargo anunciado por el Gobierno es realmente un impuesto y el decreto que le da vida tiene vicios de inconstitucionalidad, pues implicó una usurpación de funciones.
Guzmán explicó que “el cargo en principio es similar al impuesto, pero se genera de la administración de la producción y prestación de un servicio. La inversión social que tiene como destino los sectores vulnerables no es parte de la finalidad de la CEL ni tiene que ver con la producción o prestación del servicio. Por eso no es un cargo”.
Además aclaró que “en derecho no es el nombre lo que determina la consistencia de las instituciones, no es porque le llamen cargo que se convierte en cargo”. Bajo esta lógica, el jurista sostuvo que “los elementos materiales no corresponden con lo que la constitución y el código tributario determinan que son los cargos. La Constitución determina que (…) un impuesto es una prestación económica sin una contraprestación específica, a diferencia de las tasas. La inversión social es parte de los fines generales del estado por lo que esto tiene la característica de un impuesto”.
“Esto es usurpación de funciones del legislativo por parte del ejecutivo. Materialmente es inconstitucional. Debería declararse inconstitucional antes de entrar en vigencia”, concluyó el exmagistrado.
El exdirector del Instituto de Medicina Legal, José Miguel Fortín Magaña, validó lo dicho por Guzmán y añadió que el Estado debe reconocer que está en una difícil situación económica y en riesgo de caer en impago de sus compromisos adquiridos.
Por otra parte, Fortín Magaña consideró que a pesar de que el Gobierno dice que no a todos aplicará el alza en la electricidad, esta traerá aumento de precios que afectará a toda la población, pues aumentará los costos de producción de bienes en el país. “Esa es una falacia vulgar. El hecho de que a alguien no le aumenten la cantidad no quiere decir que no va a pagar todo lo que van a pagar los industriales y toda la población, por esto es una cascada inflacionaria. Todos vamos a sufrir incluso antes que entre el impuesto”, afirmó.
Nombramientos de segundo grado
Tanto Guzmán como Fortín Magaña vieron con preocupación la acumulación de elecciones de segundo grado que tienen los diputados en la Asamblea Legislativa, quienes en un corto plazo deberán elegir a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, la Corte de Cuentas de la República y la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos.
Según el exmagistrado, los partidos políticos ya están haciendo sus cálculos para la elección de Corte Suprema de Justicia en 2018, donde se renovarán cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional. “En esto va de por medio el CNJ, quien debe elegir al 50 % de los candidatos a magistrado que se presentarán a la Asamblea. Por eso se ha entrampado esa elección”, afirmó.
Fortín Magaña considera que el gran problema de estos nombramientos es que los partidos siguen pretendiendo repartirlos como cuotas. “El defectos es que los políticos ponen a otros políticos en cargos donde estos no deberían estar”, dijo.