Afinales de agosto 2013, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley de Policía Militar de Orden Público (PMOP), dando vida así a un nuevo cuerpo de seguridad conformado por personal castrense, cuya misión principal es tomar control de las tareas policiales en ciertas zonas del territorio hondureño, operando hasta que se haya restablecido el orden.
Después de que varios informes internacionales calificaran a Honduras como el país más violento del mundo y ante el decepcionante y prologando proceso de depuración policial que no muestra resultados significativos, la PMOP constituye el más reciente esfuerzo oficial por combatir la criminalidad que abate a los hondureños. Políticos de oposición y analistas disidentes advierten que el proyecto gubernamental posee vicios de inconstitucionalidad, confunde los conceptos de defensa y seguridad pública, y busca militarizar las labores policiales.
Ante la débil institucionalidad de los aparatos de seguridad, su infiltración por organizaciones criminales y la consecuente erosión de la confianza ciudadana en ellos, el involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas eminentemente policíacas se ha convertido en una tendencia regional. Guatemala, Honduras y El Salvador han conferido un papel más protagónico a sus instituciones castrenses. Muchos hablan, en este contexto, de los peligros que conlleva la militarización de la seguridad pública en la región, pero sin mucho sustento técnico y utilizando argumentos muchas veces afianzados a premisas ideológicas de otras épocas.
Resulta más conveniente, para evitar caer en discusiones más ideológicas que técnicas, retomar la perspectiva empleada por Charles Dunlap para analizar la temática, planteada en un artículo publicado en la revista académica Sociología Política y Militar. Dunlap explica que las Fuerzas Armadas regularmente ostentan una posición privilegiada en la opinión pública y, en consecuencia, los políticos tratan de explotar esta bondad e instrumentalizar a los cuerpos castrenses, involucrándolos en tópicos críticos, como la seguridad pública. El autor, actualmente general retirado estadounidense y director ejecutivo del Centro para la Ley, Ética y Seguridad Nacional de la Universidad de Duke, argumenta que graves problemas de seguridad como el narcotráfico empujan a que cada vez más los políticos exploten a sus ejércitos involucrándolos en tareas eminentemente policíacas y, como resultado, se está dando un proceso de "policialización" de las instituciones castrenses.
Dunlap explica que los cuerpos policiales y militares implican adiestramientos y doctrinas diferentes, ya que sus objetivos, perspectivas y labores son distintas. Esto no significa que personal castrense no pueda ser sometido a un arduo entrenamiento para prepararlos para desarrollar tareas de seguridad, pero esto significa una transformación que termina con soldados más parecidos a policías que a militares, esencialmente acabando con un producto similar al que se quiere reemplazar. Dunlap además advierte que aunque los militares están muy bien preparados para lidiar con todos los elementos negativos presentes en el terreno de combate, carecen de la trayectoria y las destrezas para la compleja dinámica del mundo criminal, convirtiéndolos en blancos vulnerables. Asegura, además, que involucrar a personal castrense en tareas de seguridad pública tiene efectos adversos sobre su moral y disciplina, principalmente por su descontento al estar desarrollando actividades diferentes a las propiamente militares.
Dunlap también señala que al desempeñar tareas de seguridad, los soldados se ven obligados a tener interacciones negativas con la ciudadanía y esto erosiona la confianza y percepción positiva que llevó a que les asignara la nueva misión.
La "policialización" de las Fuerzas Armadas permite pronosticar que medidas como la adoptada por Honduras no tendrán el impacto prometido por los políticos y terminarán afectando de forma negativa a los Ejércitos. Este tipo de instrumentalización de las Fuerzas Armadas sólo sirve a intereses personales y políticos, muy alejados de los de la ciudadanía. Es urgente que se deje de lanzar estrategias y planes con fines políticos, y se fortalezcan y renueven los aparatos de seguridad existentes.
*Máster en Criminología y Ciencias Policíacas.
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