Desde el 2014, las muertes violentas en siete de los municipios del departamento de Morazán que están al norte del río Torola, han venido en escalada.
Solo en el 2015, en siete de esos municipios, se registraron más de 30 homicidios, según una investigación de este Diario.
Y de acuerdo con los reportes de la Fiscalía General de la República (FGR) en su cuenta de Twitter, del 17 de enero al 13 de marzo de este año ya habían reportado nueve casos de asesinatos en la zona.
A partir de la captura de más de 12 pandilleros que residían en los municipios de Meanguera y Jocoaitique, los casos de asesinatos se han reducido al norte del río Torola.
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Sin embargo, según la investigación fiscal bajo el número 698-UDVOFM-1-15, todos los mareros capturados a principios de mayo de este año, están acusados de asesinar a los tres veteranos de guerra y a varias personas que eran de las mismas clicas de la MS y a un joven con supuestos vínculos con la pandilla Dieciocho, según testimonio de un marero criteriado (con beneficios penales a cambio de colaborar con las autoridades).
Según la investigación que ya está en el Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel, esas estructuras también cometieron asesinatos en Lolotiquillo, Yoloaiquín y Yucuaiquín.
Jóvenes sacados de sus casas
En este último municipio, el 10 de mayo de 2014 mataron a padre e hijo, identificados como Julio César Pérez, de 58 años, y Wílber Alexander Pérez Pineda, de 38 años, porque la MS se enteró de que Julio César quería contratar sicarios para matar a un pandillero que era de las clicas del programa Pinos Locos Salvatruchas. La MS les tendió una trampa.
Sin embargo, al norte de Morazán, de los más de 30 asesinatos registrados durante el 2015, en más de la mitad las víctimas eran jóvenes que fueron sacados durante la noche de sus casas por grupos de hombres armados. Sus cadáveres aparecieron en lugares distantes de sus casas.
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Y de los nueve cometidos de enero a marzo de este año, varias de esas víctimas fueron asesinadas de similar manera, entre estos el caso de un adolescente estudiante de un centro escolar de Arambala.
Sin embargo, esas muertes violentas no son investigadas ni por la Procuraduría de Derechos Humanos, según afirman familiares de los asesinados que, según algunos vecinos y familiares, han sido vinculados a grupos de pandillas como simpatizantes o colaboradores.