La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y varias asociaciones de abogados se sumaron a la demanda de un ciudadano en contra de la Asamblea Legislativa por la omisión en la elección de los cinco propietarios del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y los cinco suplentes, que lleva más de 9 meses de retraso.
Representantes del tanque de pensamiento y del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) y de la Federación de Abogados de El Salvador (Fedaes), acudieron a la Sala de lo Constitucional para adherirse a la demanda interpuesta en mayo anterior por el ciudadano Daniel Eduardo Olmedo Sánchez, y amplían los argumentos jurídicos de la demanda contra la Asamblea Legislativa.
“Hay una violación a la Constitución en cuanto que la Asamblea Legislativa ha omitido la obligación que tiene de elegir a los miembros del CNJ, es un retraso inaceptable de más de 9 meses. Estamos convencidos de que está violando la Constitución, además está violando el derecho a la justicia y queremos que se establezca un precedente judicial de cara a que no puede estar pasando a que siempre hay atraso en elecciones de segundo grado”, argumentó Javier Castro, de Fusades.
El 22 de septiembre de 2015 culminó el plazo en que la Asamblea Legislativa debía de nombrar en tiempo a los cinco miembros propietarios del CNJ y sus suplentes.
El abogado y exmagistrado de la CSJ, René Hernández Valiente, del IIDC, aseguró que como grupo de abogados también están evaluando acudir al Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), a solicitar que ordene la retención de los salarios de los diputados por no cumplir con su deber constitucional de elegir a los miembros del CNJ.