Cada 22 de junio, en el Día del Maestro, la comunidad educativa salvadoreña y padres de familia no solo reconocen el esfuerzo que hacen estos profesionales en su afán por enseñar y formar a estudiantes en diferentes áreas.
También se recuerda a los docentes a quienes grupos delincuenciales como las pandillas les han quitado la vida, en muchos casos, debido a su profesión.
En lo que va de 2016, siete profesores han sido asesinados en el país, según los registros del Sindicato de Maestras y Maestras de la Educación Pública de El Salvador (Simeduco).
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El homicidio más reciente fue cometido el martes 14 de junio, hace una semana en Usulután. La víctima fue Manuel Ernesto Bustamante Hernández, de 43 años, docente del centro escolar Hacienda La Normandía, en Jiquilisco, del referido departamento.
Ese día, las autoridades dijeron que no tenían suficientes pistas sobre el ataque, que fue cometido en la casa del profesional, mientras dormía.
Solo informaron que el homicidio del docente se registró entre la noche de lunes y madrugada del martes 14, aunque no revelaron más detalles del asesinato.
Por los rastros de sangre en el interior de la vivienda, las autoridades presumen que el educador trató de salir a la calle tras el ataque, en busca de ayuda. La casa del profesor esta ubicada en los límites de la colonia El Pedregal y la lotificación Lozano, en Usulután.
Sobre los asesinatos de algunos maestros, registrados meses atrás, fuentes policiales revelaron en su momento que ya tenían indicios de quiénes y por qué los habrían cometido; sin embargo, los casos continúan impunes y los avances de los mismos se desconocen.
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Todas las muertes violentas de docentes han causado repudio entre la población, pero los ataques recientes que provocaron más indignación fueron los cometidos contra una profesora en Cojutepeque, Cuscatlán, y un maestro en San Francisco Menéndez, Ahuachapán.
Sandra Élida Rivera Ángel era empleada del Centro Escolar Católico San Sebastián, en Cojutepeque, y fue acribillada a pocos metros de la escuela, en la colonia Franco, de acuerdo con las autoridades.
El homicidio fue el 15 de febrero cuando Rivera, de 39 años, iba a trabajar. Junto con ella iban varios niños y algunos padres de familia, quienes por la misma inseguridad que hay en la zona, van a dejar y a traer a los estudiantes al centro de estudios.
El 5 de abril, el gremio docente estuvo de luto de nuevo por el homicidio de José David Callejas Rivera, de 29 años.
El profesor fue ultimado a balazos frente a su hijo, menor de edad, mientras abría el portón de la escuela del caserío La Máquina, cantón Sacramento, en San Francisco Menéndez, Ahuachapán.
Los asesinatos de los otros profesores fueron registrados en Cuscatlán, La Libertad y Chalatenango.
Víctimas están migrando y gestionando traslados
Las autoridades y allegados de las víctimas aseguraron que los homicidios de Rivera y Callejas fueron en venganza porque ellos evitaban que sus alumnos fueran reclutados por las pandillas.
Las fuentes revelaron que las víctimas presuntamente ya habían recibido amenazas de muerte por parte de las pandillas, pero la convicción de que estaban haciendo lo correcto con sus alumnos no dejó que retrocedieran en sus esfuerzos.
“El 100 % de los casos, hemos identificado que los maestros han sido asesinados por las pandillas... Hasta la fecha no tenemos información de que haya investigaciones concluyentes sobre estas muertes”, sostuvo Francisco Zelada, secretario general de Simeduco.
El representante del gremio aseguró que la situación de inseguridad para los docentes se ha agravado en algunos lugares del país: las amenazas de muerte y el cobro de extorsiones las enfrentan casi a diario todo el gremio de profesores en todo el país.
Algunas víctimas tienen que lidiar con estos problemas dentro y fuera de las aulas, porque hay casos en los que los acosadores son sus mismos estudiantes, quienes están vinculados con los grupos delincuenciales.
Ante esta situación, muchos educadores se han visto obligados a abandonar el país por temor a ser asesinados por las pandillas.
Quienes no tienen esa opción, han tenido que pedir a las autoridades que los trasladen de un centro educativo a otro porque han sido amenazados de muerte, en algunos casos los traslados solicitados por los profesores nunca llegaron y han sido víctimas de las pandillas.
Solo la semana pasada, ocho maestros recurrieron a Simeduco para pedir que les ayude a gestionar el cambio de institución porque temen por sus vidas.
Zelada aseguró que muchas de las víctimas no denuncian estos hechos en la Policía o la Fiscalía General porque tienen desconfianza.