Desde siempre, la política y la verdad no se han llevado muy bien que se diga. Se ha llegado incluso a definir la política como una especie de arte de engañar, de presentar el mejor lado de las cosas y de callarse todo aquello que no le conviene a los políticos que se sepa.
Más aún, entre no pocos de los que se dedican a la política, da la impresión de que consideran la mentira como una especie de herramienta necesaria para su oficio ¿por qué?
El planteamiento es inaceptable, pues si damos por hecho que está en la esencia de la verdad ser impotente, y es propio del poder ser falaz, todo se derrumba.
Si nos quedamos simplemente en el análisis de la relación entre verdad y poder, dando por supuesto que son incompatibles, aceptando pacíficamente que se mezclan como el agua y el aceite, no hay sociedad que sobreviva a sí misma. Por eso se hace necesario recurrir a un concepto superior para entender las relaciones entre política y verdad: el de la justicia.
Precisamente la justicia (entendida como el ánimo estable y continuado de dar a cada uno lo que merece según su ser y su proceder), es la única que puede romper el maldito concepto de política entendida sólo como relación costo-beneficio entre los medios y los fines. Un político que adopte la mentira, el engaño y la trampa como medios útiles para alcanzar sus fines personales, somete la verdad, pero no soporta la valoración justa de su actuar.
Sin justicia, está en juego la supervivencia misma de la sociedad, y sin verdad, el concepto de justicia se convierte en demagogia, retórica huera. Por eso, a fin de cuentas, el valor clave en este análisis que hemos emprendido resulta ser la verdad.
Si todo es engaño, si todo es juego de apariencias, no hay ni política, ni justicia, ni --aunque parezca obvio vale la pena señalarlo-- verdad. Más aún: si la verdad es el resultado del simple equilibrio de poderes, si la justicia depende de una verdad manipulada o impuesta por los poderosos, todo es imposición, y por lo mismo, se termina por aplicar en la vida social la pura y dura ley del más fuerte. Aunque esa fuerza derive de los votos, aunque sea una fuerza cuya violencia se apoye en la capacidad de engañar a los electores.
El poder político como único fin del ejercicio del gobierno se vuelve así en el principal asesino de la verdad, y aquél que denuncie las falsedades de los políticos, se convierte en el archienemigo de quienes creen que simplemente por estar en posesión del poder, son también dueños de la verdad, y en último término, de la justicia.
Para evitar ese despropósito, para anular el poder de quienes se creen amos de la verdad, hacen falta personas valientes que denuncien, señalen, iluminen el quehacer de los políticos honestos y deshonestos.
Y ese papel irrenunciable lo tienen, en estos híper comunicados tiempos, los periodistas --por supuesto--, pero también la gente común y corriente. Pues de sus plumas, de sus micrófonos, de sus "tweets", de fotos que suben a la red, depende bastante la salud moral, y la supervivencia del Estado.
De ahí que sea muy grave la negación de datos, cifras e información a fin de ocultar acciones ilegales o injustas de los políticos. A un agravio (el abuso de privilegios, por ejemplo), se suma otro más importante: el ocultamiento de unas verdades a las que todos tenemos derecho, pues si se encubren ¿cómo aplicar la justicia? ¿Cómo apelar al Estado de Derecho, cuando el Derecho es, prácticamente, inexistente?.
*Columnista de El Diario de Hoy.
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