Una débil institucionalidad necesita de reformas y de actores dispuestos a cumplir la ley. En algunas ocasiones requiere también de agentes externos que la fortalezcan y la obliguen a presentar resultados. Ese ha sido el caso de El Salvador. Con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica las autoridades de turno debieron revisar la normativa ambiental y la laboral. Se acusaba al país de irrespetar los derechos de los trabajadores y de incumplir con la ley de medio ambiente por la falta de aprobación de los respectivos reglamentos. Como requisito para concluir las negociaciones, los partidos Demócrata y Republicano, exigieron una serie de reformas que garantizaran un eficaz mecanismo de supervisión por parte de los ministerios de Trabajo y de Medio Ambiente hacia aquellas empresas que ignoraban las obligaciones que establecía el Código de Trabajo y la ley medioambiental.
Lo mismo sucedió cuando iniciamos la discusión que culminó este quinquenio con la suscripción del Acuerdo de Asociación Comercial entre los países del Istmo y la Unión Europea. El debate en este caso se orientó hacia la ratificación de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que promueven la libertad sindical y la negociación colectiva. Si la Asamblea Legislativa no acordaba la aprobación de esos instrumentos internacionales, por cierto asumidos hace décadas por el resto de países latinoamericanos, el país habría perdido los beneficios comerciales que ofrecía el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y las empresas salvadoreñas, cuyos productos eran exportados hacia diferentes países europeos, tendrían que pagar altos aranceles, costos que probablemente las habría expulsado del mercado.
Para algunos actores, fortalecer la normativa ambiental, la laboral y permitir la sindicalización del sector público, significaba el caos total. Las razones eran atendibles debido a la ideologización del discurso, la instrumentalización de los sindicatos y la frágil institucionalidad que provocaba una aplicación arbitraria de la ley. Sin embargo superamos las tabúes, dimos un paso más en materia de apertura comercial ampliando el abanico de socios comerciales y aprovechamos para apretar la tuerca en las materias apuntadas. En otras palabras "importamos institucionalidad".
Algo similar está pasando en materia de lucha contra la impunidad. Con la aprobación del primer compacto de los Fondos del Milenio en 2006, nuestras autoridades debieron poner atención a una serie de indicadores relacionados con el Estado de Derecho. La condición de los Estados Unidos para entregarnos una cantidad considerable de dinero para el desarrollo de la zona norte era, entre otros aspectos, que mejoráramos en el combate a la corrupción, la transparencia y el cumplimiento de la ley. Con el segundo compacto la actual administración ha debido hacer lo propio. Los indicadores son los mismos y en consecuencia era importante demostrar que existe la voluntad del Gobierno para ejecutar reformas que disminuyan la impunidad en el país.
La coincidencia temporal entre la actuación de la Fiscalía General en los casos del "cartel de Texis" y en el de la Diego de Holguín, ahora Monseñor Romero, con la aprobación del Fomilenio II, hace presumir que uno es causa del otro, o que por lo menos existió un incentivo externo que motivó a las autoridades a actuar. Fuera de estas especulaciones, lo cierto es que la semana nos deja un "buen sabor de boca". Una gran parte de nuestros problemas tiene que ver con la resignación. Aquella que nos impulsa a creer que la corrupción y el crimen organizado llegaron para quedarse y que las instituciones no harán nada por erradicar estos flagelos. Esta percepción hace que los efectos bajen en cascada hacia los ciudadanos fomentando una muy floja cultura de legalidad. En otras palabras, la inactividad de las instituciones en este tipo de casos estimula el incumplimiento del orden jurídico. Por el contrario, cuando la autoridad actúa y aplica la ley sin importar de quién se trata, la población entiende que las malas conductas tienen una consecuencia.
Encontrándonos en plena precampaña electoral existe también un alto grado de sospecha hacia la política. Las capturas de exministros, funcionarios públicos de la actual administración y empresarios, pueden ser interpretadas por algunos como ventajas a favor de uno u otro actor político. Ese tipo de presunción se desecha fácilmente si se respeta el debido proceso, se evitan juicios paralelos a través de los medios de comunicación y se tramitan los casos con la más alta profesionalidad. Pero no se puede ni se debe dejar de hacer lo que se tiene que hacer. Enfrentar a los responsables en los tribunales, principalmente en casos emblemáticos como los que estamos presenciando, mejora la percepción sobre la administración de justicia, fortalece la calidad de la democracia y hace resurgir la esperanza que los aplicadores de la ley están dispuestos a cumplir con el rol que les señala la Constitución.
*Columnista de El Diario de Hoy.