Luchar con un adversario que muestra su rostro, que propone y contraargumenta con evidencias fidedignas, el que expone sus razones del porqué no está de acuerdo con ciertos temas de algunos funcionarios, o de cualquier otra persona, debería de ser siempre la condición de los actores en el escenario de la democracia, esencia misma que radica en cada ciudadano libre quien, revestido de este derecho, puede disentir o asentir, sobre aquellos temas que interesen a la nación.
Claro que para ello se requiere madurez y mucha responsabilidad sobre las opiniones que se vierten sobre el adversario. Pero cuando estas opiniones están cargadas de ideologías, presiones políticas, y revanchismo, lo que brota es la mala fe, de algunos comentaristas y de ciertos políticos, a quienes no les gusta que les digan cómo se deben de hacer las cosas. Menos que les desbaraten sus planes para hacer de la cosa pública su finca; son los que, por años, han usado el dinero del pueblo para embriagarse y dar regalos.
Como si ese dinero fuera de ellos, bien dice el adagio popular: "al que no le cuesta todo lo hace fiesta"; muchos dirán, pero sólo fueron $ 40,000 los que se gastó la Asamblea Legislativa, en cuadros, corbatas, bolígrafos, entre otros. Esto fue a lo que el público conoció, pero hay, sin duda, otros gastos a los cuales los mortales no hemos podido tener acceso, porque están clasificados como "confidenciales".
Pero analicemos el asunto a la luz de la calamidad en la que vive la mayoría de salvadoreños: para algunos funcionarios insensibles e irresponsables, que en el tiempo de la guerra comían del mismo plato en la montaña, con sus amigos, tomarse una gaseosa era un tremendo privilegio, y valoraban lo poco que les llegaba de alimentos. Ya no se diga para otros, entre ellos algunos diputados, que siempre anduvieron de oportunistas y que nunca tuvieron comodidades.
Todos ellos están deslumbrados por los privilegios de los que gozan por el hecho de ser, en la actualidad, funcionarios públicos que pueden viajar a cualquier parte del mundo y que, en la mayoría de casos, no liquidan ni justifican los viáticos, o emprenden viajes fantasmas. Estos funcionarios carecen de la conciencia y del sentido ético de que el dinero que gastan, no les pertenece, y que además se podría utilizar para la pensión de 23 ancianitos con un promedio de $ 225 mensuales, durante quince años, que es el tiempo de vida calculado para esta población.
Esos fondos también podrían utilizarse para la construcción de unas nueve escuelas públicas en aquellos lugares donde no las hay, valoradas en $ 100,000 cada una incluyendo sus implementos didácticos. O qué tal si ese dinero de los contribuyentes se invirtiera en la construcción de unas 90 casas de bajo costo, de $10,000 cada una, para donarlas a aquellas familias que han perdido su vivienda y que toda su vida han estado asentados a las orillas de los ríos y que año con año, en cada estación lluviosa, viven penurias y aflicciones porque su champa puede ser arrasada.
El verdadero trabajo de un funcionario público, no es quitar el hambre al pueblo, sino buscar soluciones a los problemas que aquejan a aquellos sectores que tienden a ser los más vulnerables; buscar siempre el bien común, exaltando los valores justicia, verdad y el amor al prójimo.
La ayuda que se le puede brindar a los más necesitados no corresponde a derecha ni a la izquierda, sino a todos los que están en posiciones de influencia y de poder, además de los ciudadanos conscientes, para emprender programas y propiciar leyes que beneficien a la juventud, ancianos, mendigos y madres solteras. Todos los diputados deberían de estar en la obligación moral de apoyarlos. Por ello hago un llamado a la juventud salvadoreña para que se exprese y deje de ser pasiva ante las necesidades del pueblo.
*Catedrático de la Universidad Francisco Gavidia. Colaborador de El Diario de Hoy. Sígueme:@JaimeRamirezO