Por tercera vez en tres años, la calidad de vida en El Salvador peligra por acciones encaminadas a desarticular la justicia constitucional. Una parte de la sociedad política aún no valora lo que buena parte de la sociedad civil sí ha entendido: tener jueces constitucionales independientes evita que el servidor público se convierta en el tirano de turno, que aleja cada vez más al país de superar la pobreza.
Esta relación de elementos --magistrados independientes, control del poder y desarrollo socioeconómico-- habría sido poco comprendida hace cuatro años. Sin embargo, así como la cultura de republicanismo y ciudadanía se ha fortalecido, también las formas de debilitar la democracia se han sofisticado.
En junio de 2011, se ocupó artillería rudimentaria con el tristemente célebre decreto 743. Bastó menos de dos meses para que los diputados derogaran su primera bala. En ese contexto, quienes no soportan una Sala de lo Constitucional independiente entendieron que las elecciones legislativas y municipales se avecinaban y que por ende debían hacer una pausa.
Pasados los comicios de 2012, recargaron su armamento con una dinámica más compleja; eligieron una nueva tanda de magistrados antes que acabara la legislatura, decretaron la remoción del magistrado Belarmino Jaime, acudieron a una corte regional indiferente al Estado de Derecho, irrumpieron en las cerraduras de un edificio público y desacreditaron a todo el que defendiera la institucionalidad.
No obstante sus múltiples y coordinados esfuerzos, no lograron desbaratar al Tribunal Constitucional y el costo político fue alto.
Ya en 2013, la paradoja de cómo deshacerse de cuatro magistrados incómodos sin que la ciudadanía se informe su pretensión, y en consecuencia no se perjudique a sus candidatos presidenciales, encuentra una respuesta: trasladar la crisis al terreno de los tecnicismos llamando a los abogados al contraataque, particularmente a los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Antes, un breve paréntesis.
(Como abogado, sé que mi gremio ha guardado una injusta ventaja aquí y en la China: monopolizamos un lenguaje difícil de entender. La evidencia más recurrente se presenta en las esferas privadas cuando se cobran suntuosos honorarios por trámites que no exigen mayor esfuerzo intelectual, lo cual el cliente desconoce. Con la paradoja del bloque anti Sala y el monopolio semántico del abogado, llevar la batalla a la Sala de lo Contencioso Administrativo --aquella Sala creada en 1978 precisamente para evitar el ejercicio abusivo del poder-- guarda una lógica clara).
La Sala de lo Contencioso Administrativo no puede evaluar la validez de actos del Estado que derivan de aplicar directamente la Constitución, como sucede con una elección de magistrados. Esto es labor de los jueces constitucionales. Si bien en este país todo juzgador puede inaplicar normas por considerarlas inconstitucionales --control difuso-- sólo la Sala de lo Constitucional tiene la potestad de expulsar decretos de forma definitiva por reñir con la Carta Magna --control concentrado.
En todo caso, si la Sala de lo Contencioso Administrativo desea analizar la legalidad de la elección de magistrados de 2009 a la luz de los reglamentos correspondientes, debió haberlo hecho en los 60 días posteriores a tal elección como lo dicta la ley y en armonía con la seguridad jurídica.
Si los magistrados de lo Contencioso Administrativo arremeten contra la justicia constitucional, la ciudadanía informada se encargará de cobrar el costo político a los partidos responsables de la crisis y a sus candidatos presidenciales.
Todavía hay recuerdos de aquella fotografía del 1 de julio de 2012, cuando directivos de la Asamblea Legislativa levantaron algunas de las manos que ahora se suman a la causa anti Sala. Y es que cuando la verdad y la buena voluntad son el soporte del pueblo soberano, poco intimida el abuso del poder desde la institución de la que se trate.
*Abogado y Colaborador
de El Diario de Hoy.
@Guillermo_MC_