Parece título sacado de una colección del realismo mágico, o una versión modificada de la novela de José Saramago en la que todo el mundo pierde la vista. Sin embargo, es lo que muchos políticos de El Salvador piensan acerca del país que pretenden gobernar, pues intentan una y otra vez salirse con la suya, con las mismas promesas, intrigas e intentos de desestabilización, como si la población no las hubiera visto jamás.
Un ejemplo son los repetidos ataques a la institucionalidad, a través de diferentes embestidas contra la Sala de lo Constitucional. Desde el decreto 743, con protagonistas de todos los partidos, hemos visto desfilar diferentes adefesios jurídicos que persiguen el mismo fin. Tomas de la Corte Suprema de Justicia por la fuerza, a punta de cerrajero, tratando de lograr con la violencia la razón que no les daba la ley. Ahora, se repite, como chiste malo contado una y otra vez, un nuevo ataque a la Sala de lo Constitucional, usando como vehículo a la Sala de lo Contencioso Administrativo. Cualquier persona con nociones básicas de derecho administrativo, comprende por lo menos vagamente que la razón por la que la Sala se llama, con un nombre tan literal y descriptivo como "contencioso administrativo", es porque su objetivo es proteger al ciudadano de abusos hechos por la administración pública. Entiéndase por lo anterior trámites, procesos, o cualquier potestad meramente administrativa que conceda la ley a un servidor público. Lo anterior no incluye actos políticos, que aunque ejecutados por servidores públicos, no pueden ser sujetos de control de esta Sala por varias razones, pero la más fácil de entender es porque la potestad de ejecutarlos la concede la Constitución. Son actos, pues, cuyo control lo ejerce el organismo que específicamente existe para ello, la Sala de lo Constitucional. Algo tan primitivo ha sido ignorado flagrantemente por los magistrados de lo Contencioso Administrativo, que han ahora decidido ser magistrados de la inventada sala de lo Contencioso Político. La trama parece diferente, pero la intención es la misma, que se ha venido repitiendo una y otra vez: la desestabilización de la Sala de lo Constitucional.
Otro ejemplo son las promesas de campaña del candidato del movimiento de Unidad, cuya estrategia de campaña se basa en que el electorado olvide el estado del país que nos dejó después de su gobierno, en el que se deterioraron la mayoría de indicadores económicos y nunca se aclaró el fin que tuvieron varios millones de dólares. Jamás se hizo una comparación de patrimonios antes y después de gobernar (cosa que debería exigírseles a todos los funcionarios, anteriores y posteriores a su gobierno). El candidato, con un finiquito y una nueva campaña de marketing, pretende que la población olvide todo eso.
Agreguemos a lo anterior la cantidad de juegos sucios y reparticiones de poder que ocurren a diario en la Asamblea Legislativa, con diputados que asumen que al pueblo se le olvidará su mensaje de austeridad, cuando se trata de usar los fondos del erario público para transportarse en carros de lujo con el combustible pagado, beneficio que por ser insostenible, reciben muy pocos empleados en cualquier situación laboral normal.
Sin embargo, la amnesia colectiva no es real: pertenece a las novelas de realismo mágico. La población si se acuerda. Es de ver si en vez de sentarse y esperar un nuevo atropello, empieza a involucrarse activamente para evitarlos en el futuro y exigir cuentas claras.
*Lic. en Derecho.
Columnista de El Diario de Hoy.
@crislopezg