Julio del 2013 fue un mes difícil para la principal apuesta del actual Gobierno en materia de seguridad pública: la oscura negociación entre el Estado y los principales cabecillas de las pandillas. Las encuestas de opinión invariablemente han demostrado que la ciudadanía no confía en el pacto pandillero y que percibe que éste no ha tenido un impacto significativo sobre la incidencia delincuencial, a pesar de que está vinculado con una reducción sustancial en los homicidios. En el mes de julio, se registraron varios hechos que explican el rechazo colectivo de la iniciativa gubernamental.
El más considerable fue la crisis delictual organizada y perpetrada por las pandillas durante los primeros días del mes. Mágicamente, de un día para otro, la cantidad de homicidios se incrementó abruptamente, llegando incluso a quintuplicar el promedio del 2013 y hasta doblar las cifras promedio más altas del 2009 y 2011, los años más violentos de la última década. Este fue el prólogo para Raúl Mijango, quien apareció en los medios diciendo que disminuir los homicidios nuevamente dependía de la actitud del Ejecutivo ante ciertos planteamientos vinculados a las pandillas. Después de que el presidente Funes se reuniera con Mijango, y como por arte de magia, los homicidios se redujeron. Este episodio dejó claro que las pandillas son las que tienen el poder en este proceso de negociación que inició el Gobierno en el 2012, teniendo la capacidad de poder extorsionar a las autoridades.
Ricardo Perdomo, sucesor de David Munguía Payés al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, este mes declaró que las pandillas aprovecharon el espacio abierto por la iniciativa gubernamental para fortalecerse e incursionar en nuevos patrones delictuales. Douglas Moreno, ex viceministro de Justicia y Seguridad Pública, reveló a los medios de comunicación que negoció con cabecillas pandilleros, bajo el conocimiento y venia de Munguía y Funes. También aclaró que la ejecución de la segunda fase de "la tregua" implica beneficiar a pandilleros con ayuda monetaria a través del Programa de Asistencia Temporal al Ingreso (PATI), capacitaciones impartidas por Ministerio de Agricultura y trabajos proveídos por el Ministerio de Obras Públicas.
Esto contradice muchas de las afirmaciones hechas por funcionarios de seguridad en el pasado y hasta por el mismo presidente Funes. El mandatario no ha dado su brazo a torcer, objetando lo dicho por Perdomo e incluso influyendo para éste modere su discurso. En el caso de Douglas Moreno, el tratamiento fue distinto, desconociendo públicamente al exfuncionario y afirmando que no se "puede hacer cargo de los acuerdos a los que llegó Douglas", dejándolo prácticamente a su suerte. Munguía Payés ha adoptado una posición similar, llegando incluso a señalar que la negociación hubiera implicado una severa sanción.
Está pasando lo con el tiempo se tenía que dar, como lo muestran experiencias similares en otros países. Perdomo al rechazar "la tregua" desde que inició su gestión, soltó a las pulgas y éstas se le van a ir pegando a los más flacos. El primero fue Nelson Rauda y ahora es Douglas Moreno.
Cuando Perdomo fungió como director de Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), tenía bajo su mando al coronel Simón Alberto Molina Montoya, personaje al que diferentes publicaciones periodísticas consignan como parte instrumental para la formulación y ejecución de la negociación entre el Gobierno y las pandillas. Además, en círculos de seguridad e inteligencia circula información que sugiere que la OIE brindó importante apoyo financiero y logístico a la iniciativa gubernamental. Sin embargo, desde que su rol fue más público, Perdomo ha adoptado una posición diferente, alejándose de "la tregua" y evitando así que las pulgas se le terminen pegando a él. La pregunta es: ¿A quiénes se le terminarán pegando al final de día?
*Máster en Criminología y Ciencas Policíacas.
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