El exdirector de Centros Penales, Rodolfo Garay Pineda, cuestionó en la entrevista Frente a Frente de TCS, por qué no se ha procesado al exministro de Justicia, David Munguía Payés, si los hechos que se atribuyen al exdirector Nelson Rauda son parte de una política pública que él impulsó durante el gobierno de Funes.
La inquietud de Garay Pineda va más allá al plantear: por qué no hay requerimiento o acusación contra el expresidente de la República, Mauricio Funes, y contra el actual ministro de Defensa, si ellos estaban por encima de la autoridad del exdirector de Centros Penales.
“El fiscal tiene una gran responsabilidad y es demostrar a la comunidad jurídica que no se puede engañar, si decide mantener a Nelson Rauda en calidad de imputado o testigo criteriado (con beneficios penales), esto no es cuestión de presupuesto ni de personal, esto es cuestión de voluntad política, de romper con la impunidad”, detalló.
Garay Pineda no negó que el actual Fiscal General, Douglas Meléndez, tenga presión política de algunos sectores, pero hay “una decisión personal de valentía, de confianza con la ciudadanía, que quiere reales cambios en esta sociedad”, afirma.
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El exfiscal Félix Garrid Safie, quien también participó en el programa, dijo que ve muy remoto que le vayan a dar criterio de oportunidad o beneficio penal a Rauda por la tregua, ya que es muy polémico.
“Centros Penales como institución está sumamente cuestionada de un tiempo para acá pues desde la gestión del exdirector Astor Escalante comenzaron las fiestas y los desórdenes en los penales, las personas que han estado al frente de la institución que han sido fuertemente cuestionadas”, afirmó Safie.
Para el ex fiscal general hay suficientes elementos, declaraciones y testigos para llegar al actual ministro de la Defensa. “Creo que más temprano que tarde va haber una acusación, no sé en qué término pero es ineludible e impostergable que haya una acusación contra el actual ministro de la Defensa”, aseveró Safie.
“Yo creo que el ministro de la Defensa no se salva de una acusación en el contexto de los delitos cometidos al amparo de la tregua”, subrayó el ex fiscal general. Aclaró que la tregua como tal no es delito, pero al ponerla en marcha, en cierta manera cometiendo ilícitos, por los cuales la Fiscalía está procesando al exdirector de Centros Penales y a otros.
En ese sentido el ex fiscal general manifestó que todo indica que habrá otra petición de antejuicio contra el ministro de la Defensa por parte de la Fiscalía en el seno de la Asamblea Legislativa.
Garay Pineda explicó que los hechos arbitrarios que le atribuyen al exdirector Rauda no nacen de su voluntad personal, ni la ejecución es una decisión individual que él solo como director ejecutó.
“Esa decisión de ejecución que se llama la premeditación, esa es decisión del exministro de Justicia porque él es el que aprueba la política penitenciaria y según la Ley, el ministro es quien ordena y ejecuta la Política Penitenciaria”, añadió.
Agregó que también habrá que analizar el aval que le dio el entonces presidente de la República.
“Consecuentemente no se puede atribuir una responsabilidad penal de aquel que cumple deberes, porque Nelson Rauda cumplió una orden que venía autorizada por el presidente (Funes) y emitida por el ministro de Justicia (Munguía Payés).
De ahí que procesar a Nelson Rauda es una valoración parcial de la Fiscalía, cuando dirige toda su acción contra el exdirector de Centros Penales. “Que es una política para no causar repercusiones, como sea, pero no es una valoración objetiva, eficiente y en cumplimiento efectivo de sus funciones”, afirmó.
La situación se agrava, según el abogado, con el delito de agrupaciones ilícitas que le están imputando. “Tenemos que verlo con el lente de la ley “.
Implica que le tendrán que aplicar la ley vigente en la que ocurrieron los hechos en 2012 porque las reformas que se hicieron al delito de agrupaciones ilícitas no aplican en su caso porque la ley no es retroactiva, afirmó el exdirector de Penales.
Va a ser muy difícil para la Fiscalía probar y sostener que Rauda se organizó para realizar una finalidad ilícita o que se proponía delinquir.
“Su finalidad era cumplir una política pública establecida como parte del Estado”, por lo que a la luz de la ley no se establece el requisito que Rauda se organizó para desarrollar una finalidad delictiva.
En todo caso, según su análisis, el expresidente Funes y elexministro Munguía Payés habrían cometido el delito de agrupaciones ilícitas.
“Para mí la detención de Nelson Rauda viene a darle un nuevo giro al caso tregua entre pandillas porque él era el eslabón que faltaba entre los niveles de personas que habían sido detenidos y las autoridades políticas”, afirmó el exfiscal Safie.
Los allanamientos en la Alcaldía de Apopa y la detención del alcalde y 20 funcionarios vinculados a pandillas hace ver que el pactar con maras no es solo de partidos políticos sino de todos, porque el fenómeno se ha enquistado en todos los niveles: centros penales, alcaldías, etc.