Cámara inicia juicio a expresidente Antonio Saca y su esposa

Fiscalía ha determinado que el expresidente de la República no ha podido justificar más de $3 millones de dólares  

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El expresidente Saca y su esposa en viajes al final de la gestión presidencial

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07 June 2016

La Cámara Primera de lo Civil admitió la tarde del lunes, pero se informó ayer, la demanda por presunto enriquecimiento ilícito contra el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, y la exprimera Dama, Ana Ligia Mixco de Saca.

No obstante, la demanda contra los tres hijos de ambos, al igual que la Sociedad Promotora de Comunicaciones S.A. de C.V., no fue admitida, según lo establece la resolución del tribunal civil.

“Se estima que la demanda cumple con los requisitos esenciales para entrar al conocimiento de las pretensiones contenidas en ellas, relativas a que se declare la existencia de enriquecimiento ilícito del señor Elías Antonio Saca y de la señora Ana Ligia Mixco Sol de Saca”, establece la resolución emitida por la Cámara.

Fiscalía ha determinado que el exmandatario incrementó con una cantidad de $3  millones 970 mil su patrimonio cuando fungió como presidente de El Salvador. Mientras que su esposa no ha podido justificar el origen de $589, 608.


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La Cámara ha ordenado que las medidas preventivas del proceso, que incluyen el congelamiento de dos inmuebles y seis cuentas bancarias, se mantengan mientras ambos no desvirtúen que son inocentes de los señalamientos por  presunto enriquecimiento ilícito.

Uno de los inmuebles congelados fue por orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cuando resolvió enviaran juicio al exfuncionario. Este se encuentra en la finca Linda Vista, en el Plan El Guayabo, cantón El Carmen en San Salvador.

La resolución emitida por la Corte Plena sobre el caso indica que la propiedad fue adquirida en mayo de 2009, 25 días después que Saca dejara la presidencia.

El otro mueble inmovilizado fue   a petición de la Fiscalía, cuya solicitud fue hecha cuando presentó la demanda en el tribunal civil, a finales de abril.

Para entonces el jefe de la Unidad de Anticorrupción, Andrés Amaya, no especificó la ubicación del inmueble, pero en la resolución emitida el lunes por la Cámara se menciona el Lote 22 de la Segunda Etapa de la urbanización San Mateo, en la colonia San Mateo, en San Salvador.

Durante el proceso civil, a Saca y Ana Ligia se le han congelado seis cuentas bancarias. 

De acuerdo con las declaraciones brindadas por Amaya cuando interpuso la demanda, el exmandatario tenía cuentas personales, donde supuestamente recibía dinero de las empresas registradas a su nombre; sin embargo, este fue depositado en las mismas empresas.

Dichos ingresos, según Fiscalía, no han podido ser justificados por Saca ni por su esposa. El exfuncionario había manifestado que le entregó dinero a Ana Ligia para “unos gastos que ella habría realizado”, pero nunca reveló el origen de esos fondos.

Ante la resolución del tribunal, la Fiscalía tiene hasta el lunes para presentar revocatoria. De no hacerlo, los demandados cuentan con 20 días hábiles para que presenten los alegatos de defensa en su contra y posteriormente la Cámara programaría la fecha para la audiencia especial, lo que daría paso a un proceso  que determinaría la  inocencia  o culpabilidad de Saca y su esposa por el presunto enriquecimiento ilícito.

Inicios del caso

El envío a juicio civil del expresidente Saca fue resuelto el 23 de febrero de este año con 13 votos de los magistrados de Corte Plena.

Los magistrados que se abstuvieron a dar sus votos fueron el suplente Ricardo Iglesias y el propietario Ovidio Bonilla.

Sin embargo, la resolución fue firmada dos semanas después de tomada la decisión. En la misma, el máximo tribunal ordenó el congelamiento de un inmueble y cinco cuentas del funcionario y su esposa.

La primera de las cuentas reportaba al fin de su período  presidencial alrededor de $452,000; la segunda, $163,000 aproximadamente hasta el 14 de mayo de 2009;  la tercera, por unos $688,000, también hasta el final de su gestión; la cuarta con alrededor de $1,400, hasta el 31 de diciembre de 2014, y la quinta por cerca de $1,019,000, hasta la misma fecha, según investigaciones de la CSJ.

A estas cuentas bancarias en el proceso se ha congelado otra a petición de Fiscalía.

En la misma resolución, la Corte restringía a Saca y su familia el traspaso o inscripción contable de diferentes sociedades.

“Ordénese la restricción de transferencia a terceros de las acciones que el señor Elías Antonio Saca González, su cónyuge señora Ana Ligia Mixco Sol de Saca, y sus hijos Gerardo Antonio Saca Mixco, José Alejandro Saca Mixco y Christian Eduardo Saca Mixco poseen en las sociedades Promotora de Comunicaciones S.A. de C.V., Grupo Samix S.A. de C.V., Radiodifusión de El Salvador S.A. de C.V., y Stereo Noventa y Cuatro Punto Uno S.A. de C.V.”, se lee en el documento emitido por el máximo tribunal.

Pero el caso del expresidente comenzó a abordarse el 10 de febrero, cuando  la sección de Probidad de la CSJ ordenó que  Saca tenía que justificar $6.5 millones de su patrimonio, capital que no había sido explicado en las indagaciones realizadas.

Dos días después, 14 de los 15 magistrados avalaron el informe enviado por Probidad, donde se detallaba que las declaraciones de Saca presentaban 13 irregularidades y establecía el monto del patrimonio no justificado.

El único que no emitió su voto  fue el magistrado Florentín Meléndez, quien se encontraba en misión especial fuera de la Corte.

Desde entonces, el tema de envío a juicio del expresidente fue discutido en Corte Plena y finalmente los magistrados decidieron abrir el juicio civil el 23 de febrero.

Una vez que el proceso fue enviado a la Cámara Primera de lo Civil, Saca presentó ante la Corte un recurso de revocatoria, el cual no fue admitido por la mayoría de votos de los magistrados, según informaron en su momento fuentes del máximo tribunal.

En el documento, el expresidente sostenía que la investigación realizada por Probidad fue divulgada por medios de comunicación antes que él tuviese conocimiento y argumentó que esa sección no le dio el plazo para que pudiese esclarecer las irregularidades encontradas en las indagaciones.

“Tan grave es haber puesto del conocimiento de los medios de información, la información contenida en un informe que aún no era definitivo”, establece el documento que Saca presentó y en el cual plasmaba una serie de publicaciones de diferentes medios de comunicación.