En febrero de 2014 los salvadoreños elegirán a un nuevo presidente. Durante el primer año de su mandato el gobernante tendrá que negociar con la actual legislatura en la que el partido oficial continuará como fracción mayoritaria y los partidos minoritarios mantendrán los votos suficientes para decidir si se aprueban leyes, ratifican préstamos internacionales o se eligen funcionarios. Al año siguiente, en 2015, los electores acudirán a las urnas para votar por nuevos diputados y alcaldes. Quien sea designado para gobernar el país enfrentará entonces un importante reto político debido a que por segunda ocasión tendrá que revisar las mayorías legislativas y renovar sus estrategias para las negociaciones con los diferentes grupos parlamentarios.
Pasados tres años, en 2018, se celebrarán otra vez los comicios legislativos y en consecuencia habrá un reacomodo en la Asamblea que obligará al Ejecutivo a replantear nuevamente sus planes para la aprobación de instrumentos legales a un año de finalizar su mandato. En resumen, el próximo presidente deberá lidiar con tres legislaturas diferentes y con todas las consecuencias que esta situación genera, entre bloqueos a leyes solicitadas por los diferentes ministros, transfuguismo, debates para la designación de funcionarios de segundo grado, aprobación de empréstitos, autorización para asocios público-privados y otros actos legislativos que podrían afectar el desempeño del Gobierno.
Por esta razón es importante elevar la mirada por sobre las presidenciales y considerar que un requisito para la gobernabilidad en los siguientes cinco años estará representado por el tipo de diputados que se elijan en los procesos electorales de 2015 y de 2018. Si nada cambia en el sistema electoral, los legisladores deberán someterse al escrutinio ciudadano a través del mecanismo aplicado en marzo de 2012, en el que por primera vez los electores votaron por el candidato de su preferencia en listas cerradas y desbloqueadas presentadas por los partidos, es decir, sin la posibilidad de elegir candidatos de diferentes listas sino de una sola de ellas, que por lo general es la del partido con el que simpatizan o del que son militantes.
Bajo esta perspectiva evaluar las opiniones y las actitudes de los legisladores es un requisito indispensable para integrar una buena Asamblea. Conocerles y registrar su posición sobre diferentes aspectos es recomendable principalmente tratándose de un sistema que permite la reelección y que por tanto necesita de mecanismos de rendición de cuentas que ilustren a los ciudadanos para que decidan, de manera informada, si otorgan o no una nueva oportunidad a sus diputados.
Con este objetivo la Universidad de Salamanca ha realizado desde 1994 la iniciativa denominada "Proyecto de Élites Parlamentarias de América Latina", conocido como PELA, bajo la dirección del politólogo Manuel Alcántara, distinguido cientista político y muy querido amigo de El Salvador. Básicamente el proyecto presenta al público la visión de los diputados sobre el sistema institucional, su opinión ante algunos temas concretos del quehacer legislativo y su trayectoria personal.
Por medio de encuestas a los diputados, cuyos resultados para El Salvador correspondientes a la legislatura 2012-2015 serán presentados en un evento público organizado por FUSADES la próxima semana, el PELA explora sus opiniones y actitudes hacia la democracia, la valoración y nivel de confianza en las instituciones, la visión sobre el sistema electoral y la forma de gobierno, la apreciación que tienen sobre sus adversarios políticos, la importancia que le otorgan a la disciplina en los partidos políticos, su opinión sobre el papel del Estado en la economía, la posición ante la profesionalización de la política así como su identificación ideológica, actitudes y valores.
Esta herramienta permite identificar el tipo de representantes al que se enfrentan los ciudadanos y el resto de Órganos del Estado. Señalan por ejemplo qué tan polarizada está la Asamblea Legislativa y si existen o no espacios en diferentes temas para que esa crispación disminuya y se convierta en una oportunidad para el consenso. Si las "élites parlamentarias", por ejemplo, de forma mayoritaria rechazan el aborto, la legalización de las drogas, o en su caso, de manera dividida apoyan un modelo de regulación económica en la que el Estado tenga un rol preponderante, o si la casi totalidad de legisladores tiene confianza en las elecciones como medio de expresión de las preferencias políticas de los ciudadanos, entonces es más fácil encontrar coincidencias sobre diferentes instrumentos legales que deben aprobarse.
En resumidas cuentas los hechos políticamente relevantes para los próximos cinco años no terminan con la elección presidencial. Vienen las legislativas y con ellas la posibilidad de profundizar el caos o por el contrario la oportunidad de encontrar el camino para la reconciliación y el diálogo. Uno u otro escenario dependerá del interés de la sociedad en la calidad de sus diputados.
*Columnista de El Diario de Hoy.