Un coronel del Estado Mayor de la Fuerza Armada es investigado por la Fiscalía porque supuestamente les dio la orden a ocho soldados de capturar ilegalmente a dos jóvenes, a quienes acusa del robo de su arma de fuego cuando se encontraba en una finca de su propiedad en Apaneca, Ahuachapán.
El robo del arma se produjo hace unos 15 días en una finca propiedad del coronel, según Fiscalía.
“Vamos a determinar a través de los análisis que realicemos, el grado de responsabilidad que también pueda tener por haber girado la orden”, dijo Donald Valdivieso, jefe de la Unidad de Vida de la Fiscalía de Ahuachapán.
Por las capturas ilegales de Héctor O., de 17 años; y de Ángel R., fueron acusados ayer tarde dos sargentos y seis soldados en el Juzgado de Paz de Apaneca, Ahuachapán.
Las investigaciones fiscales apuntan que los ocho militares, quienes están destacados en el Estado Mayor de la Fuerza Armada; sacaron a las víctimas de una casa situada en la lotificación de San Jorge en Apaneca, la noche del viernes pasado. Los soldados se llevaron a los supuestos delincuentes hacia el lugar conocido como El Chirizo en Jujutla, siempre en Ahuachapán. “En este lugar, según las declaraciones de las víctimas, los estuvieron interrogando a dónde estaba el arma”, dijo Valdivieso. Agregó que los familiares de las dos víctimas pusieron la denuncia.
Las patrullas policiales intervinieron a los soldados con los dos jóvenes en el desvío hacia San Francisco Menéndez. A los militares les decomisaron los fusiles de equipo como parte de la investigación. Sin embargo, uno de los soldados portaba un fusil que no está registrado.
Los abogados defensores de los militares aseguraron que ellos actuaron dentro del marco de la ley porque lo único que hicieron fue auxiliar a una persona que les denunció que les acababan de robar.
“Los soldados responden al llamado de una víctima, ni siquiera pueden asegurarse de cuando había ocurrido el hecho”, dijo Elías Aristondo, uno de los defensores.
Uno de los jóvenes privados de libertad tiene un hermano que cumple 23 años de condena por robo.
Los militares son acusados de privación de libertad, allanamiento de morada y uno por tenencia ilegal de arma de guerra.