Estamos en plena campaña electoral y los candidatos se llenan la boca de promesas. Una de las que nunca falta es la promesa por una mejor educación. Todos hablan de su importancia para el desarrollo personal y del país. Todos mencionan que sin una educación de calidad estamos condenados al fracaso, pero no se animan a garantizar los recursos que se necesitan para lograr los prometidos resultados a lo largo de al menos veinte años.
Ya estamos hartos de promesas vacías. Nos estamos quedando atrás como país. La mayoría de los indicadores del estado de la educación nos colocan muy por debajo del promedio americano. Seguimos soñando con el desarrollo económico y social, pero no estamos dispuestos a tomar las medidas necesarias para lograrlo. En los discursos nos comparamos con otros países, pero no decidimos aprender de sus modelos de desarrollo y de la importancia del respeto a la institucionalidad y libertades. Soñamos con un mejor El Salvador, pero no posibilitamos que la mayoría de compatriotas opten a un mejor trabajo. Mano de obra barata cultiva pobreza y estancamiento.
Desde hace años instituciones de todos los sabores han insistido en lo crucial de la inversión pública en educación para el desarrollo de un país. Entre ellas encontramos instituciones nacionales e internacionales como las Naciones Unidas en sus distintas acepciones (como CEPAL, UNICEF y PNUD), el Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL), FUSADES y FIECA. Llegar a realidades educativas como once años de escolaridad no se logra fácilmente y para hacerlo con calidad no se trata únicamente de niveles de inversión. Sin embargo, sin los recursos mínimos nada lograremos.
Expertos consultores y miembros de PREAL han presentado en el pasado cuatro recomendaciones como fundamentales para responder a los desafíos de nuestros sistemas educativos: la comunidad educativa como un todo debe ser responsable de la administración de instituciones educativas públicas; la inversión pública en educación debe aumentar al menos a un 5% del PIB con énfasis en educación básica y secundaria; debe profesionalizarse la carrera docente con salarios dignos y sistemas de incentivos vinculados a logros educativos, y debemos tener estándares comunes y sistemas de evaluación que nos permitan como región controlar nuestro avance.
Para nuestro país, El Salvador, ya es tarde, especialmente después del retroceso que hemos tenido comparando los resultados actuales con los del 2008. Se han perdido 44 posiciones en el indicador "Doing Business" del Banco Mundial, 22 en el Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial, 17 en el Grado de Libertad Económica de la "Heritage Foundation", 16 en el Índice de la Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, 4 en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, 9 en el Ambiente para Hacer Negocios de FORBES y 17 en la Marca País según "Future Brand".
¡Cuánto hemos perdido! Grave, pero rescatable. Debemos tomar medidas urgentes que nos permitan avanzar más rápidamente. Lo invertido actualmente no está acorde a las necesidades y no se invierte en lo fundamental. No lograremos avanzar únicamente con paquetes escolares, alimentos y alfabetización. Tenemos que atraer primero a las personas más calificadas para la profesión docente y compensarlas adecuadamente. Tenemos que garantizar los espacios físicos propicios para el aprendizaje y la enseñanza. Tenemos que evaluarnos periódicamente dentro y fuera del país sin perder los esfuerzos realizados con las pruebas internacionales.
Una medida es pedir a todos los partidos políticos y a sus candidatos que se dejen de tanta charla y que aprueben en la Asamblea Legislativa una ley que obligue a una inversión mínima del 6% sobre el PIB esperado. El 6% nos ayudará a movernos en la dirección correcta. Señores candidatos, señores diputados, en sus manos queda esta propuesta.
*Columnista de El Diario de Hoy.