La cantidad y el peso de los casos de corrupción que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ha llevado a la justicia, además del masivo apoyo ciudadano hacen pensar al analista y politó logo Daniel Haering que esta institución es, de momento, la más arrolladora en este país.
“La CICIG se ha convertido en un mazo, dando golpes muy fuertes al sistema guatemalteco que por muchos años ha sido corrupto, clientelar y que ha tenido como gasolina para su motor el proceso de negociación de contratos, plazas o hasta dinero y ha hilado un sistema que esta comisión ha atacado en todos sus frentes”, explica Haering.
Entre los funcionarios de mayor rango y poder que esta institución ha llevado a la justicia están desde el expresidente Otto Pérez Molina y su entonces vicepresidente y mano derecha, Roxanna Baldetti, hasta diputados, exmagistrados, alcaldes, ministros y poderosos operadores políticos. Y ahora, según destaca Haering, están dando un paso más adelante persiguiendo a empresarios que han incurrido en la corrupción del sistema político.
El analista español se refiere al caso destapado el pasado jueves cuando las autoridades guatemaltecas giraron orden de captura internacional contra Alba Elvira Lorenzana Cardona, esposa de Ángel González, conocido como “El fantasma”, un empresario mexicano quien tiene un imperio de medios en latinoamérica.
Cardona encabeza la lista de las 42 personas que tienen orden de arresto por el caso de financiamiento ilícito al Partido Patriota en Guatemala.
Con este caso, según Haering, “se desata el caso más fuerte en términos estructurales. La CICIG ataca el sistema de financiamiento de partidos por medio de herramientas irregulares y las concesiones en estaciones de televisión abierta”, propiedad de González y su esposa.
Al desentrampar este caso se da un golpe en varios frentes, considera Haering. Primero, a la corrupción que existe en la asignación de la pauta gubernamental a pocas estaciones de televisión y radio. Segundo, a una estructura de sobornos que montaba empresas de papel las cuales llenaron de lujos a Pérez Molina y Baldetti, según demostró la CICIG. Tercero, se vuelve claro el control periodístico que existe en la televisión abierta, donde reina un clima de censura y propaganda pro gubernamental.
“Que hayan ido tras González y su imperio mediático es enorme para Guatemala”, destaca el analista, debido al poder que tiene el magnate de medios. Y añadió: “Lo que la CICIG dijo es ‘esta es una estructura criminal que ha operado así por mucho tiempo’ y, de hecho, mientras la Comisión lo decía (el jueves en conferencia de prensa) cortaron la señal y empezaron a transmitir cualquier contenido”.
Lavado de dinero
La CICIG también expuso que hay financiamiento ilegal de partidos por medio de dinero producto de lavado.
Haering apunta que es un paso importante que “la Comisión ha presentado al Partido Patriota (bajo el cual llegó al poder Pérez Molina) como un grupo de crimen organizado con un plan concreto para centralizar la corrupción, cobrando comisiones en contratos anómalos, controlando las aduanas, defraudando a hacienda”.
Estos hallazgos de CICIG le están dando cada vez mayor legitimidad y apoyo, indica. “Ya nadie se atreve a contradecirla o ponerse en contra de ella, ni siquiera aquellos poderosos que se están viendo perseguidos”, explica Haering.
El académico compara a esta comisión con una bola de demolición que poco a poco está trayendo abajo el sistema de corrupción enquistado en Guatemala. “Lo que no está haciendo es construir algo más, pero esa no es su labor. Han logrado abrir las puertas para que se puedan llenar con una regeneración de opciones políticas, que compitan y se tomen los espacios para tener un saneamiento del sistema”, añade.
Finalmente, Haering reitera que el gran avance reciente de CICIG es la cantidad de pruebas fundamentadas sobre la corrupción, el rastreo claro del dinero y el capital y respaldo político que ha ganado. “Ahora debemos esperar que el sistema de justicia pueda asumir el reto de procesar estos casos y que sigan su curso”, agrega.