El agente Carlos Eduardo Arriola Tobar fue asesinado el 18 de marzo pasado en La Libertad. Sus padres enfrentan una situación difícil desde entonces que hasta les ha impedido pagar los servicios funerarios.
Los señores están desempleados y a cargo de la única hija de Carlos Eduardo, quien era papá soltero de una niña que tiene nueve años.
La madre de la víctima, quien ha cuidado de su nieta desde que tenía cuatro meses, es quien hace los trámites para cobrar el seguro de vida del policía, así como el dinero para los gastos fúnebres que entrega la institución.
Según la mujer, han estado viviendo “con un poquito de ayudas” que reciben de algunos parientes. El agente era quien llevaba las riendas económicas de la casa.
“Cada vez que he ido a realizar un trámite me dicen que debo ser paciente porque el proceso es tardado y cuesta que paguen”, dice resignada.
No poder disponer de dinero cuando tiene encima las deudas que dejó su hijo; la manutención de su nieta y las enfermedades de su esposo, quien tiene paralizada la mitad del cuerpo, no dejan de agobiarla. Según ella, su cónyuge también espera la asistencia económica que el Gobierno podría dar a los veteranos de guerra, pero ella cree que “quizá nunca va a llegar”.