La familia de un policía asesinado en La Libertad tiene dos meses y quince días de haberlo sepultado, pero aún le adeuda a la funeraria los servicios prestados.
Según los afectados, la Policía Nacional Civil no les ha entregado el dinero que da la institución a sus empleados para gastos fúnebres.
Los dolientes cuentan que ellos tampoco han podido asumir ese compromiso porque con el homicidio del agente también han sufrido un golpe a sus bolsillos, pues la víctima era quien proveía el sustento en el hogar.
Por como ellos ven el panorama, cobrar el seguro de vida de su pariente será un proceso tardado, mientras las necesidades de dinero aprietan.
Esta no es la única familia que se ha visto afectada económicamente.
La viuda de un policía, ultimado en junio del año pasado, sostiene a sus cinco hijos (el último tiene menos de seis meses) con la ayuda que recibe de algunos parientes y de los colegas y amigos del agente.
Periódicamente, los excompañeros de la víctima les entregan víveres y dinero a la familia para que vayan haciéndole frente a la crisis.
Solo el año pasado, 62 policías fueron asesinados, algunos mientras estaban de servicio y otros en sus días de descanso. Decenas de niños han quedado en la orfandad.
Cada familia ha vivido un proceso diferente cuando ha realizado los trámites para cobrar los seguros de vida a los que tenían derecho los agentes, pero la mayoría lamenta que haya mucha desidia y burocracia.
Algunos dolientes tienen más de un año de estar haciendo las diligencias para que la empresa aseguradora se los entregue pero no ven nada claro.
Días atrás, el director de la Policía, Howard Cotto, señaló que el Ministerio de Hacienda se ha retrasado en el desembolso de dinero para la corporación y eso ha provocado un atraso en el pago trimestral que deben hacer a la compañía aseguradora.
A raíz de eso hubo un “estira y encoge” y la empresa aseguradora decidió no pagar los seguros a los beneficiarios hasta que la Policía se pusiera al día con ella.
Según el jefe policial, la institución cumplirá el compromiso financiero y la aseguradora también tendrá la obligación de hacer lo mismo.
A partir del 1 de junio, la Policía trabajará con otra empresa aseguradora que fue contratada por un proceso de licitación.
Esta compañía, a decir de la fuente, ha asumido el compromiso de que independientemente de que la corporación esté o no al día con los pagos, no retrasará el desembolso de los seguros.
“Creemos que la nueva compañía va a estar a la altura de las condiciones independientemente de qué suceda con los atrasos (en los pagos que les corresponde hacer a la Policía)”, dijo Cotto.
En contraste, los familiares los policías creen que el anuncio hecho por el jefe policial es para intentar sosegar a quienes muestran su inconformidad por los atrasos. “Un día de estos salió el director de la Policía diciendo que ya se iban a poner al día... Ellos mienten y tratan de tranquilizar a la gente, pero yo soy consciente de que ese dinero no voy a recibirlo pronto”, dice la viuda de uno de los agentes.
Secuelas
OTROS PROBLEMAS GENERADOS TRAS HOMICIDIO DE AGENTES
1 Desintegración familiar: El asesinato de la policía Daysi Cabrera, quien tenía cuatro hijos, tres de ellos menores de edad, hizo que dos quedaran al cuidado de su padre y su abuela. El otro tuvo que partir ilegalmente hacia el extranjero porque la pérdida de su madre lo traumó y abandonó la escuela.
2 Abandono de patrimonio: La familia de la policía Wendy Alfaro abandonó su modesta vivienda en La Paz, luego de que ella fuera acribillada a pocos metros del inmueble en abril de 2015. El temor a represalias ha obligado a muchos parientes de agentes asesinados a renunciar a su patrimonio.