USULUTÁN. Los proyectos de construcción de viviendas en Santiago de María y de la calle que une a los cantones Tierra Blanca, con Salinas El Zompero, en Jiquilisco, mantienen enfrentadas a las empresas que inicialmente ejecutaban las obras y al Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Durante al menos 10 meses, ambos proyectos estuvieron paralizados, luego que las empresas dejaran su ejecución.
El Estado sostiene que las constructoras fueron irresponsables al dejar las labores, pero los constructores aseguran que la causa fue la inseguridad en la zona, generada por las pandillas.
Esa situación, según documentos de los que tiene copia El Diario de Hoy, fue notificada a las autoridades del gobierno, e incluso, les solicitaron seguridad para seguir con la ejecución de las obras.
En el caso de la empresa AP de Centroamérica, asignada al proyecto de Santiago de María, interpuso una denuncia ante la Policía en mayo de 2015.
En ella certificó lo que estaba ocurriendo con el proyecto de vivienda adjudicado.
Sin embargo, las autoridades del MOP sostiene que el abandono fue una irresponsabilidad de las constructoras.
Gerson Martínez, titular de Obras Públicas , sostuvo que las empresas que dejaron los trabajos, lo hicieron por irresponsabilidad, y no por la delincuencia como justifican.
Mientras tanto, el representante legal de la referida constructora, Walter Rivera, confirmó a este medio, vía correo electrónico, que interpusieron denuncia en la unidad central de investigaciones de la Policía y en la Fiscalía.
La denuncia fue interpuesta el 13 de mayo del 2015, tras la insistencia del monitor y administrador de la obra.
Eso provocó la intensificación de las amenazas, y según Rivera, fue lo que lo llevó a salir del país para resguardar su vida y cerrar operaciones.
“A esta fecha (antes de la denuncia) ya habíamos negociado con las pandillas pagarles una fuerte cantidad de dinero para que nos permitieran finalizar el proyecto; pero no podíamos entrar con el plazo vencido y sin la prórroga solicitada al Viceministerio de Vivienda (VMV), aprobada”, aseguró Rivera.
El Diario de Hoy tienen en su poder copia de las dos denuncias por el delito de amenazas interpuestas ante las autoridades por la empresa.
Rivera asegura, y lo demuestra con documentos, de los que también este medio tiene copias, que pidió en reiteradas ocasiones una prórroga en el proyecto.
Incluso solicitó que lo ocurrido en el proyecto fuera catalogado como un “caso de fuerza mayor”.
Esa petición formal fue enviada y firmada de recibida por las autoridades del Viceministerio de Vivienda.
El constructor asegura que desde diciembre de 2014, no habían podido trabajar porque pandilleros les dijeron que no se acercaran más al proyecto o atentarían contra los trabajadores.
“Desde que inició el proyecto tuvimos problemas con las pandillas de la zona; pero fue hasta diciembre que la situación se volvió incontrolable. Nuestros proveedores principales se retiraron , el personal calificado ya no regresó en enero de 2015. Prácticamente tuvimos 30 días sin producción”, explicó el empresario.
Asegura que los proveedores notificaron a la empresa que ya no podían ingresar al proyecto de viviendas por amenazas de las pandillas.
Fue cuando la empresa pidió a la institución que los contrató, que les apoyaran con seguridad y les dieran prórroga.
La institución no aprobó extender el tiempo para que la empresa terminara el proyecto y la situación después del 13 de mayo de 2015, se puso más complicada, según relata.
Ante ello, el representante legal optó por salir del país y extender una carta donde pedía arreglo directo el 15 de mayo para suspender el contrato, pero nunca recibieron respuesta.
Eso, a pesar que facilitó la nueva dirección donde estaría recibiendo el correo y explicaba por qué se marchaba.
Sobre eso, el ministro Martínez asegura que se trata de “subterfugios” para no cumplir con sus responsabilidades después de haber firmado un contrato.
“Cómo es posible que a pocos metros haya otra empresa trabajando con responsabilidad y venga otra que diga no puedo trabajar, solo para justificar retrasos e incumplimientos”, señaló el funcionario, pero en referencia al proyecto vial en Jiquilisco.
Según Martínez, lo que ambas empresas invirtieron en la construcción de los proyectos les fue cancelado. Reitera que quienes incumplieron fueron las constructoras.
Dijo que para protegerse las espaldas, es que los fondos son entregados por fases en cada proyecto.
Al mismo tiempo, Martínez llamó a las empresas a elevar sus responsabilidad social empresarial.
Mencionó que a pesar de lo ocurrido, el 99 por ciento de las empresas son honradas y que le cumplen al país.
El ministro, al ser cuestionado sobre la solicitud de seguridad que hizo la empresa AP de Centroamérica, aseguró que todas las empresas han tenido el mismo nivel de seguridad en el país.
“El mismo nivel de seguridad han tenido todas las empresas que esa que incumplió y hay abundante información que no justifica (el abandono de la obra)”, señaló Martínez.
Sostuvo que “usted no puede pretender justificar presentando hechos que ni sucedieron acá, sino en otros lados, por favor...necesitamos honradez, en los políticos, funcionarios públicos, pero también en las empresas, porque al final todos prestamos un servicio público y debemos ser honrados con el país”, insistió Martínez.
El vice ministro de Vivienda, Roberto Góchez, detalló, con respecto al tema de viviendas en Santiago de María, que “esta empresa que ganó cerca de seis contratos con el gobierno, recibieron el anticipo y se fueron del país”.
Dijo que desconocen del domicilio de los representantes y que por ello el caso fue pasado a la Fiscalía.
Confirmó que ya gestionan recuperar los fondos con las aseguradoras, para que entreguen el dinero al VMV, o que ellos contraten a otra constructora para que termine el proyecto.
Detalló que ese es un proceso complejo y precisamente por la necesidad de las viviendas para las 345 familias en Santiago de María, han decidido tomar fondos de la institución para reiniciar las labores en ese proyecto.
Recientemente, los trabajos fueron retomados por otras empresas y personal del MOP, en el caso de la calle.
Mientras que en las casas de Santiago de María, serán inspeccionadas por el ministro Góchez para conocer el avance. Adelantaron que serán tres empresas las que trabajarán en la obra.