Algunas oportunas preguntas que los salvadoreños deberíamos hacernos están relacionadas con la peor lacra que ha padecido nuestra frágil institucionalidad: la corrupción. Pero cuestionarnos por la corrupción y los corruptos debería motivarnos también a la coherencia; y no me refiero únicamente a la del funcionario que habla de honradez y demuestra ser honrado en la práctica, sino a la profundidad con que los ciudadanos deseamos que se discuta la probidad política, sobre todo en estos tiempos de campaña electoral adelantada.
El abominable decreto 412 --"excreto legislativo" le llamó Salvador Samayoa en una celebradísima columna-- causó indignación por varias razones, pero hay dos que me parecen fundamentales: primero, porque si alguien tiene la cara para pedir mi voto asegurándome que va a proteger nuestra democracia, una forma de probar ese talante democrático es aceptar de buena gana que sus pretensiones no serán recibidas con flores y pompones donde quiera que vaya.
Siempre he tratado de animar el debate de las ideas, por lo que el insulto o la calumnia están en las antípodas de lo que entiendo por "formación de la opinión pública"; sin embargo, también me declaro contrario a las legislaciones que penalizan el insulto o definen arbitrariamente la calumnia. Ese poder, simplemente, no tendría que estar en manos de los políticos, que más bien deberían tener la disposición de asumir los costos de la murmuración si lo que les mueve es la defensa de sus convicciones.
La otra razón por la que el decreto 412 (también conocido como "decreto Saca") despertó la suspicacia ciudadana fue por el cinismo con que sus postuladores lo defendieron. La "medalla dorada" a la desfachatez se la llevó, meritoriamente, el diputado de GANA, Guillermo Gallegos, que en una entrevista televisiva afirmó que Gregorio Sánchez Trejo había "limpiado" expedientes que involucraban en actos de corrupción al candidato de ARENA.
Más allá del crédito que pueda dársele a esta "confesión", lo cierto es que el egregio diputado fue incongruente por partida doble. En su ansiedad por hablar mal del adversario político, Gallegos no se dio cuenta que estaba admitiendo dos cosas: por un lado, que su partido había votado tres veces --es decir, muy conscientemente-- por un magistrado que servía de tapadera a corruptos, y por otro, que el decreto 412 era inútil, puesto que él mismo lo pisoteaba al dañar el prestigio de un candidato sin aportar prueba alguna de lo que decía. ¿Cómo podría excusar la ciudadanía honrada semejante ostentación de desvergüenza?
Y ya que hablamos de corrupción, he de decir que extrañé alguna declaración inequívoca por parte voceros de ARENA en torno a los tres expresidentes del ISTA que en días recientes se declararon culpables de "incumplimiento de deberes" y "actos arbitrarios", admisión por la que en cualquier otra parte habrían sido condenados severamente, pero que aquí les permitió "negociar" penas menores. Aparte de ser un terrible precedente, no es poca cosa lo que estas confesas arbitrariedades suponen, ya que decenas de campesinos pobres se quedaron sin tierras que les estaban destinadas. En este caso, además, los hilos de la investigación conducen también a conspicuos diputados del PCN, ahora muy entusiasmados en apoyar la candidatura de Tony Saca.
Nos dicen todos los aspirantes presidenciales que están dispuestos a debatir. Nada mejor que tomarles la palabra y exigirles que cumplan. Pero fijémonos también que hay candidatos que retan a sus contrincantes y luego se apresuran a ponerle condiciones al debate. "No debemos hablar del pasado, sino del futuro", parece ser su nueva divisa. O, dicho de otra manera: "Quiero el debate, pero en los términos que me favorecen". El pequeño detalle que olvidan estos políticos es que no son ellos los llamados a decidir qué deseamos los votantes que discutan. Y la corrupción, venga de donde venga, es una lacra que debemos debatir e identificar, si es que en serio queremos erradicarla.
*Escritor y columnista de El Diario de Hoy.