Las autoridades de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía irán tras los bienes y el dinero mal habido de las pandillas como parte de las medidas que se están implementando para acelerar el debilitamiento de esos grupos ilegales considerados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como organizaciones terroristas.
En un entrevista concedida ayer a El Diario de Hoy, el vicepresidente de la República Óscar Ortiz confirmó que en cooperación con la Fiscalía General han presentado reformas a la Ley Especial de Extinción de Dominio para agilizar el despojo de bienes, inmuebles, negocios y hasta dinero producto de las actividades criminales de las maras.
“Vamos a cortar los flujos financieros y esto implica agarrar patrimonios, agarrar recursos financieros, evitar que sigan llevando el financiamiento para que éstos grupos criminales sigan haciéndose de armas, tanto cortas como largas, y se les reduzca su capacidad de acción y de que puedan seguir golpeando a la población inocente”, dijo Ortiz, quien agregó que las reformas a la referida legislación permitirán a la Policía y Fiscalía aplicar mecanismos prácticos y ágiles para poder despojarlos de los bienes mal habidos.
Con relación a los resultados de la encuesta de Predictvia-El Diario de Hoy que midió la aceptación de las medidas excepcionales entre los salvadoreños, el vicepresidente Ortiz consideró que es entendible los resultados de la encuesta porque “la familia ha pasado en los últimos 12 o 13 años bajo acoso, bajo presión, bajo intimidación, la gente quiere que sus hijos, que su familia se mueva en un entorno de mayor seguridad y mayor tranquilidad”.
La consulta reveló que el 58 por ciento de la población considera que las medidas excepcionales que ha impulsado el Gobierno para revertir los altos índices de violencia y el accionar de las pandillas no están dando los resultados esperados y solo 39 por ciento de los encuestados consideran que han sido efectivas contra el crimen.
Los ciudadanos más jóvenes y las mujeres son los dos grupos poblacionales que tienen más dudas sobre las medidas excepcionales de seguridad.
Los datos destacan que 69% de los encuestados que están ubicados entre los 18 y 34 años consideran que las medidas no han surtido efectos, contra 29% que considera lo contrario. En tanto, al hacer los cruces de datos, en el grupo de edades entre 35 y 54 años esta visión es más equilibrada. El 49% cree que los planes de seguridad no han resultado, comparado con un 48% que sí ha visto avances.
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Sin embargo, Ortiz asegura que a dos meses de haberse implementado las medidas excepcionales, “los resultados son evidentes, son palpables y sobretodo responden a esa expectativa que ha expresado la ciudadanía a partir de distintas encuestas”.
Aseguró que se ha tenido una reducción considerable de los homicidios porque después de tener 23 asesinatos por día, ahora se cometen 11 diarios; pero sostuvo que la meta al cumplirse los 12 meses que se han trazado para complementar las medidas es alcanzar un promedio menor a los 10 homicidios por día.
Ante los repuntes de homicidios registrados en determinados períodos, aún cuando las medidas están en vigencia, Ortiz lo interpreta como una reacción de los grupos criminales que han causado un mayor número de enfrentamientos armados con las fuerzas policiales y militares -más de 240 solo en este año.
Datos de la Policía dan cuenta que 44 personas fueron asesinadas entre el viernes, sábado y domingo pasados.
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Otros de los factores que según Ortiz hace que la violencia rebrote, es que la mayoría de las personas asesinadas eran pandilleros.
Con respecto al impacto de las medidas en el sistema penitenciario, Ortiz aseguró que las órdenes criminales que salían de las cárceles han tenido una reducción de 60 por ciento.
En lo relativo a las extorsiones, aunque no tienen un registro del comportamiento, Ortiz consideró que “el hecho de haberles cortado la comunicación de los cabecillas hacia fuera del sistema penitenciario, hacia las redes que operan afuera, los primeros impactos positivos han sido para la gran empresa, la mediana y pequeña empresa”.
Destacó además que uno de los logros de las Fuerzas Especiales combinadas de policías y soldados en éstos primeros dos meses es haber comenzado a desalojar de las comunidades a éstos grupos que se han dedicado a chantajear y a presionar a los residentes de las mismas por muchos años.
“Muchos de ellos andan huyendo en los montes, muchos de ellos están capturados, o a muchos de ellos se les ha dado de baja en enfrentamientos y muchos de ellos se han empezado a esconderse en otras comunidades”, aseguró.
Las medidas excepcionales de seguridad buscan romper que los centros penales sigan siendo centros de operaciones criminales de las pandillas, golpear las estructuras dedicadas a la extorsión, y retomar el control del Estado en los territorios con presencia pandilleril.
“Necesitamos desarmar toda esas estructuras de avisores, de postes, de grupos que dominan los horarios de la comunidad de menores de edad de 15, 16 y 17, que le están diciendo a la gente, a qué hora llegar, a qué hora salir, queremos tener mucho más controlado al cerrar un año y todo esto para generar confianza en la población”, señaló Ortiz.
Paquete de medidas preventivas
El Vicepresidente adelantó que en las próximas semanas se anunciarán una serie de medidas que reforzarán los planes de prevención que se tienen como parte del plan El Salvador Seguro.
Aseguró que se hará una campaña de borrado de graffitis de las pandillas “porque son formas de control, porque son casi como marca de territorios, la cultura es una cosa, esto es una expresión de control territorial”.
Otras de las acciones contempladas a impulsar será de remozar 1,000 centros escolares públicos para mejorar el ambiente estudiantil. A lo anterior se le suma el programa de generación de empleos y de pasantías para miles de jóvenes que residen en zonas de alto riesgo.
También se contempla la ejecución de un programa a “gran escala” de atención a víctimas de la violencia, entre éstas familiares de pandilleros, porque muchos de ellos no tienen la culpa de que sus parientes anden en actividades delictivas”, apuntó.
La creación de los comités ciudadanos de apoyo a la seguridad son parte de las acciones preventivas y éstos comités tendrán la misión de generar confianza entre ciudadanos para que “la buena gente se vaya tomando los espacios públicos, los conserven y evitar que grupos minoritarios como las pandillas puedan tener incidencia en el lugar”.