La empresa italiana Astaldi volvió a reclamar ante un tribunal salvadoreño derechos sobre la maquinaria que usó en la malograda construcción de la represa El Chaparral, aunque la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) asegura que los equipos ya no le pertenecen a la firma.
Los abogados de la firma italiana enviaron el pasado 9 de mayo un escrito al Juzgado de Paz del municipio de San Luis de la Reina, en San Miguel, en el que aseguran que CEL está haciendo uso de las líneas de transmisión de energía eléctrica para retomar la construcción del proyecto, algo que según Astaldi viola la restricción que impuso la Fiscalía General de la República (FGR) sobre varios equipos por estar “bajo investigación” del Ministerio Público.
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Se buscó la posición de CEL sobre la petición de la firma italiana, pero al cierre de esta nota no había respondido.
Pero la autónoma ha sostenido que los equipos son de su propiedad y que se pagaron en 2012, cuando en el gobierno de Mauricio Funes se terminaron de pagar $108 millones a Astaldi pese a que dejó inconclusa la obra.
Según la misiva dirigida al Juez de Paz en funciones, Eduardo Rodríguez, Astaldi había sido informada por distribuidores privados de energía que la red eléctrica de la empresa italiana estaría siendo utilizada por la autónoma y que hasta se solicitó el cambio de facturación argumentando “una supuesta resolución judicial” de dicho tribunal al respecto.
“Nos urge una aclaración de la autónoma en el sentido de que entiendan que estos bienes están inmovilizados y no pueden ser utilizados por absolutamente ninguna persona, pues de lo contrario desnaturalizaría el espíritu de la medida cautelar y sería un acto ilegal”, dice la petición enviada por el abogado de Astaldi, Alberto Alas, al tribunal del municipio de San Miguel.
Esa restricción fue ordenada en junio de 2015 como parte de un acto urgente de comprobación que le solicitó la FGR al tribunal, ya que encontró en sus investigaciones que la maquinaria, equipos e instalaciones “aparecían contabilizados” en el valúo que se hizo para determinar el porcentaje de obra ejecutada en El Chaparral, explicó Andrés Amaya, jefe de la Unidad Anticorrupcción de la Fiscalía en dicha fecha.
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CEL pagó $12 millones
De hecho, el pago de $108.5 millones que CEL hizo a Astaldi en 2012 como parte del arreglo directo para liquidar el contrato de El Chaparral, incluyó una partida de más de $12 millones por la maquinaria y equipos que usó y dejó la firma italiana, los cuales aún se mantienen en el sitio del proyecto, pero embargados por el Juzgado de Paz del municipio, a petición de la FGR.
También en el informe de valuación económica de obras civiles, bienes y servicios de El Chaparral, elaborado por el asocio para la supervisión Euroestudios-Ingetec en mayo de 2012, a petición de la junta directiva de CEL para “respaldar” el arreglo directo entre la autónoma y el contratista, se menciona que fueron $12 millones 168 mil 709 los que CEL reconoció como parte de los costos en maquinaria.
Otra carta enviada al mismo Juez de Paz de San Luis de la Reina indica que el 6 de mayo pasado trabajadores de una empresa de distribución de energía eléctrica realizaron una desconexión del servicio, acompañados de un funcionario de CEL, en un transformador en propiedad de Astaldi, algo que iría en contra de la orden judicial, señalan.
“En ningún momento se ha autorizado a hacer uso de los bienes inmovilizados, mucho menos a ingresar en terrenos de propiedad privada (...), además de suspender el servicio de energía eléctrica en áreas e instalaciones de Astaldi”, agrega el abogado en la carta enviada al juzgado.
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La constructora italiana y la autónoma firmaron un protocolo sobre la maquinaria que permanece en el proyecto hidroeléctrico e incluyeron una cláusula que dejó abierta la posibilidad de que la CEL y Astaldi negociaran, durante los 60 días posteriores a la firma del arreglo directo, un contrato de arrendamiento con opción de compra, el cual nunca se celebró y obligaba a que en 90 días a partir del fin del plazo de negociación se retiraran los equipos e instalaciones.
Por su parte, el juez Rodríguez confirmó que ya recibió la misiva en el juzgado y que ha pedido que los agentes fiscales acreditados para el caso emitan su opinión sobre la solicitud de Astaldi y que determinen su viabilidad.
“No puedo darle más información sobre cómo va el caso. Solo somos un apoyo de la Fiscalía al respecto y aún no sabemos cuándo se levantará el embargo que se tiene sobre los bienes de Astaldi, incluso el caso tiene reserva por parte de sede fiscal”, explicó el juez a El Diario de Hoy vía telefónica.
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