La Asamblea Legislativa aprobó ayer con más de 60 votos de todas las bancadas un pliego de reformas penitenciarias, entre ellas para que más de 10 mil presos hagan trabajo comunitario sin brazalete electrónico y que a reos condenados por terrorismo les quiten beneficios en las cárceles.
Los legisladores esperan que esas reformas abonen a la aplicación de las medidas extremas de seguridad que fueron aprobadas semanas atrás.
Uno de los artículos modificados de la Ley Penitenciaria establece que reos catalogados de “baja peligrosidad” podrán salir de las cárceles para realizar trabajo comunitario, y así reducirían dos días de su condena por cada 8 horas laboradas. Los que no podrán gozar de estos beneficios son los reos condenados por “actos de terrorismo, crimen organizado y delitos de realización compleja”.
“Dentro de la actividad de tratamiento orientada a la readaptación, el interno condenado podrá redimir su pena mediante el trabajo o actividades de apoyo a la comunidad, a razón de dos días de pena por un día de labor efectiva (...)”, indica el artículo 105-A, aprobado ayer.
En el documento se añade que esas actividades estarán bajo la dirección, control y supervisión del Consejo Criminológico Regional y la administración penitenciaria, quienes emitirán “los lineamientos”.
Algunos diputados han dicho que no hay garantía de que los reos no se escapen y que sólo queda confiar en su “buena voluntad”.
El diputado de ARENA, Mauricio Ernesto Vargas, señaló que mientras no se tengan los brazaletes electrónicos para garantizar que no huyan no podrán salir los fines de semana, ni tampoco hacer trabajo comunitario.
El gobierno aún no ha adquirido los equipos aduciendo que no han encontrado las especificaciones de los brazaletes, que son requisitos técnicos que el Banco Centroamericano de Inversión Económica (BCIE) exige para desembolsar $5.1 millones de un préstamo de $71 millones que la Asamblea aprobó en 2013 para adquirir los brazaletes electrónicos. Esos fondos también servirán para ampliar el penal de Izalco, en Sonsonate, y readecuar varias granjas penitenciarias.
No trasladarán presos
Otra de las medidas aprobadas ayer por los diputados es suspender por un año el traslado de reos.
“Quedan suspendidos durante la vigencia del presente decreto, los traslados de los privados de libertad para la realización de audiencias judiciales y cualquier otro acto procesal...”, dice en el documento aprobado ayer.
Añade que en esos casos el juez o el tribunal competente deberá llevar a cabo la audiencia sin los reos, pero siempre que esté presente su defensor y se le garantice el derecho de defensa.
También se indica que las autoridades judiciales y del centro penitenciario deben garantizar que el presidiario tenga acceso a una copia de la reproducción videográfica de la audiencia dentro de las 72 horas posteriores a la cita judicial. Y cuando sea el juicio se hará de forma virtual.