Los indicios de la Fiscalía General mexicana, de acuerdo con los jueces, indican que los 43 normalistas que desaparecieron en Iguala, fueron víctimas de una ejecución sumaria, es decir, que la persona es juzgada, condenada y ejecutada en un mismo momento, como en un fusilamiento.
El juzgado primero de Distrito en Procesos Penales Federales de México y el segundo Tribunal Unitario de Tamaulipas, habían emitido sentencias respecto a la presunción de que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, hubieran sido privados de la libertad y se encontraran ocultos por alguna autoridad, lo que constituiría una desaparición forzada.
Pero de acuerdo a los últimos informes de los jueces federales, se descarta el delito de desaparición forzada y refuerzan la tesis del homicidio.
“Las constancias procesales apuntan en forma coincidente a que las víctimas no fueron mantenidas en el ocultamiento; muy al contrario, fueron detenidas, privadas de libertad y trasladadas al lugar donde fueron ejecutadas sumariamente”, reza la sentencia de los jueces federales, según el diario La Reforma.
Al no quedar acreditado el delito de desaparición forzada, las instancias judiciales rehusaron girar órdenes de aprehensión por este delito contra 56 acusados.
Entre ellos el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, quienes fueron acusados de haber mandado a matar a los estudiantes, así como policías municipales de Iguala y Cocula, y presuntos miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos.
A la fecha, 120 políticos locales, policías, presuntos narcotraficantes e informantes, han sido encarcelados por el caso Iguala, pero la Fiscalía no ha fincado responsabilidades a ninguno de los inculpados por desaparición forzada.
El hecho que conmovió a México ocurrió el 26 de septiembre de 2014. En ese entonces el Procurador General, Jesús Murillo Karam, reveló que los estudiantes fueron entregados a sicarios.