Pese a que los expertos en infraestructura les han recomendado a los diputados desalojar cuanto antes el edificio legislativo debido a los severos daños que éste tiene a causa de los terremotos de 1986 y los dos del 2001, los legisladores no se han puesto de acuerdo para solucionar el problema.
Esto a pesar de que hace un año aprobaron un préstamo de $32 millones para construir otra edificación que tiene un diseño desde hace 9 años. Tampoco han tomado un acuerdo para instalarse de forma provisional en otro edificio alquilado aunque ya han visto al menos dos opciones que por diferentes motivos han descartado.
Tan incierto es el inicio de la construcción del nuevo edificio que albergará las oficinas de los diputados y del personal administrativo, que el secretario de la junta directiva del Congreso, Francisco Merino, cree que inclusive se pueda prolongar hasta la siguiente legislatura.
“Hay dos trabajos que tendrá que hacer la Asamblea Legislativa, ya sea la actual o la que venga, que es construir el edificio para lo cual hay un préstamo ya de $32 millones, y la otra es que esta torre (del actual edificio legislativo) necesita reforzamientos estructurales para garantizar que no va a tener problemas en algún terremoto, que Dios no lo permita”, manifestó el también diputado del PCN.
Desde el terremoto de 1986 el Palacio Legislativo quedó seriamente dañado. Luego los terremotos de enero y febrero de 2001 terminaron de dañar y agrietar el inmueble que desde entonces fue calificado con bandera naranja por el Ministerio de Gobernación, lo que significa que debe ser reparado antes de ser habitado (ver clasificación).
Pero contra todo pronóstico y recomendaciones de los expertos estructuralistas, el Palacio Legislativo sigue albergando las oficinas de los 84 legisladores y de todo el personal administrativo, que en cálculos del diputado Merino, alcanza los 1,300 empleados en total, sin tomar en cuenta el mobiliario.
En noviembre de 2015, el ingeniero Héctor David Hernández Flores entregó un informe a la junta directiva de la Asamblea, en el cual expone que hay un “sobrepeso” en el edificio. Lo anterior se debe en parte a que se ha ido contratando más personal, lo que ha ido abriendo más las fisuras antiguas, según el profesional contratado para hacer un diagnóstico del inmueble.
Tan grave y peligrosa se ha tornado la situación tanto para los empleados legislativos como para los diputados y visitantes, que “en un movimiento sísmico el edificio tiene un desplazamiento de 18 centímetros, cuando lo normal es 4 centímetros, así de grave es la situación”, manifestó el directivo del Congreso, Norman Quijano a El Diario de Hoy.
Los legisladores saben que es urgente trasladarse a otro lugar y han comenzado a buscar inmuebles para rentar temporalmente mientras se construye el nuevo edificio legislativo, pero la búsqueda se ha tornado infructuosa.
Hasta hace poco tenían avanzadas las negociaciones con las autoridades de CEL que pretendía alquilarles el edificio que ocupa la autónoma y que está a unos metros de la Asamblea Legislativa, pero no se concretó.
La más reciente opción que tenían los diputados era rentar el edificio Argoz que está en las cercanías del Redondel Masferrer, en el Paseo General Escalón frente a una conocida barra show, pero los diputados se desencantaron porque no hay suficientes parqueos para albergar los vehículos de todos el personal legislativo (nota aparte).
Un diseño desfasado
Hace casi una década, la junta directiva del Congreso contrató los servicios de una empresa profesional que les hizo el diseño del nuevo edificio y por el cual pagó $15 mil. El mismo será construido en la zona conocida como La Pirámide, a la par del actual edificio.
A criterio de Francisco Merino, el diseño prácticamente está desfasado.
“Hay un diseño base que se aprobó hace nueve años cuando estaba el profesor Rubén Orellana (como presidente de la Asamblea), pero el problema de eso es que hay que actualizar costos y también algunas distribuciones de área que quizá $32 millones valían mucho más de lo que valen ahora, entonces hay que ajustarnos a ese valor”, apuntó Merino.
En diciembre de 2015 los legisladores ratificaron el préstamo por $32 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual está destinado para la construcción del nuevo Palacio Legislativo.
No obstante, si no se ocupa en un año tras haber sido aprobada, la Asamblea Legislativa podría entrar en problemas, advierte el diputado Merino. “El préstamo si no lo utilizamos en el término de 12 meses después de su aprobación ya entramos en problemas de que hay que pedir una reaprobación”, manifestó el directivo.
Asamblea aun no encuentra opciones para trasladarse
La junta directiva de la Asamblea Legislativa ha tenido que formar una comisión de diputados que se encargará de buscar más alternativas para trasladarse temporalmente y dar paso a la construcción del nuevo Palacio Legislativo.
Tras tener posibilidades de llegar a un acuerdo con los propietarios de dos inmuebles, las negociaciones se vinieron abajo, repentinamente.
La que estuvo más cerca fue la negociación con el presidente de CEL, David López Villafuerte, para arrendar el edificio en la que opera actualmente la autónoma.
Los miembros de la junta directiva estaban contentos con la propuesta debido a la cercanía con el actual recinto legislativo y porque se ajustaba a los presupuestado para el arrendamiento.
Cuando parecía que se llegaba a un acuerdo, el titular de CEL subió el costo de la mensualidad. De $50 mil que les había planteado en un inicio, les subió la cuota a $90 mil, lo cual es inviable, aseguraron varios directivos del Congreso.
Aseguran que lo más que puede pagar la Asamblea Legislativa por el alquiler de un inmueble es $50 mil mensuales, que es lo asignado para ese cometido.
La otra alternativa que encontraron después los legisladores, fue el edificio Argoz, ubicado a unos metros del Redondel Masferrer.
Los diputados consideraban el inmueble bastante amplio, pero al final se dieron cuenta que solo tenía capacidad para albergar a unos 120 automotores, cuando la plantilla de empleados legislativos a trasladarse ronda los 1,300.
“Hemos creado una comisión que va a buscar otras alternativas, no estamos preparados para trasladarnos todavía, nos parece que falta seguir buscando y yo creo que esto va un poco tardado porque no hay todavía un lugar donde podamos trasladarnos”, manifestó el vicepresidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos.
Dicha comisión está integrada por los diputados, David Reyes, de ARENA; Santiago Flores, del FMLN; Francisco Merino, del PCN, y por el mismo Gallegos, quienes buscarán otros inmuebles.