Al menos unos 10,000 reos catalogados de “baja peligrosidad” podrían salir de las cárceles para realizar trabajo comunitario, y gracias a ello, reducirían su condena en dos días por cada 8 horas laboradas; sin
embargo, no hay garantía de que no se escapen, sólo queda confiar en su “buena voluntad”, manifestaron ayer diputados consultados al respecto.
Lo anterior se debe a que el gobierno no ha podido cumplir con los requerimientos técnicos que el Banco Centroamericano de Inversión Económica (BCIE), exige para desembolsar $5.1 millones de un préstamo de $71 millones que la Asamblea aprobó en 2013 para adquirir brazaletes electrónicos, para ampliar el penal de Izalco, en Sonsonate, y readecuar varias granjas penitenciarias. (Ver más en página aparte).
Los diputados del FMLN, Misael Mejía y Roger Blandino Nerio, afirmaron ayer que ese es el motivo principal por el cual el gobierno no ha podido comprarlos, pese a que entre las reformas penitenciarias acordadas ayer por los diputados de la Comisión de Seguridad, dice que los privados de libertad que se acojan a este beneficio “podrán gozar de permisos especiales para salir del centro (de reclusión) los fines de semana...”.
Mejía explicó que no es culpa del gobierno, ya que algunas empresas les han presentado ofertas que no cumplen con las exigencias del BCIE.
“La instancia financiera que ha aprobado este préstamo está haciendo un monitoreo permanente, las ofertas que se hicieron en principio no reunían los requerimientos técnicos para privados de libertad, sino para gente que tiene problemas de Alzheimer y se pierde”, afirmó Mejía.
Debido a esto, el diputado efemelenista dijo que han sacado otra licitación; sin embargo, el diputado de ARENA, Mauricio Ernesto Vargas, afirmó que el problema es la “ineficiencia” del gobierno, y como ejemplo dijo que hasta en internet se pueden encontrar equipos con los requerimientos técnicos que pide el BCIE.
Nerio fue más allá y justificó que los consultores de KFW de Alemania han puesto nuevos elementos a valorar en el Consejo Nacional de Seguridad y que eso ha impedido avanzar en la compra de los brazaletes, eso sumado a que hay características que son “secreto de seguridad” que no se pueden dar a conocer, dijo.
“Cuáles son los detalles técnicos que limitan la adquisición, no se los puedo decir, porque eso es secreto de seguridad, no puede ser ni siquiera publicado en la licitación de la compra de esos recursos, porque eso pondría al criminal en conocimiento de la calidad de dispositivos que se van a usar, eso no puede ser”, aclaró.
Pero Vargas asevera que les debería dar “pena” que no pueden presentar las especificaciones técnicas para lo que están pidiendo prestado al organismo financiero.
“Perdóneme, pero son unos ignorantes y unos ineficientes, yo le puedo ir a comprar esos brazaletes, aquí por Internet van a encontrar 10,800 casas (que los venden), desde uno que vale un millón hasta que uno que vale un peso”, cuestionó Vargas.
Que no existan aún los mecanismos para vigilar que los reos no se escapen al salir de las cárceles no es problema, según dijeron Mejía y Nerio, pues según los legisladores se trata de reclusos que no son peligrosos y que no se expondrían a perder ese beneficio con tal de reducir su pena.
“Estos individuos que ya están por cumplir su pena y son de baja peligrosidad van tomando plena conciencia que si llegan a cometer el error de no presentarse perdieron todos los privilegios y es peor para ellos”, afirmó Nerio.
Además, Mejía expresó que habrá un trabajo coordinado con la Policía Nacional Civil, con los custodios de centros penales y con las alcaldías, para vigilar que los reclusos no se escapen, lo demás, es decir, la falta de brazaletes electrónicos para vigilarlos es “carpintería”, argumentó.
Las reformas penitenciarias acordadas ayer en la Asamblea contemplan que los reos que se beneficien de poder bajar su pena, se instalarán en uno de los tres centros temporales de reclusión que se detallan como parte de las medidas extraordinarias de combate a la criminalidad.
De hecho, el próximo martes está previsto que el vicepresidente Óscar Ortiz, coloque la primera piedra en una de las sedes que se construirá en el penal de Mariona.
Para estos tres centros el gobierno ha destinado $9 millones de los $152 millones que pide que los diputados le aprueben en bonos, pero que ARENA se niega a dar sin antes de que se cree una entidad autónoma que vele por la transparencia de los fondos.
La “redención de la pena” ya está incluida en la Ley Penitenciaria, pero con los cambios acordados ayer, los reos que deseen trabajar para reducir su condena podrán hacer trabajo comunitario.
Antonio Almendáriz, del PCN, ya está pensando en que pueden cooperar en limpiar el río Magdalena de la contaminación de melaza, y dijo que se lo propondrá a Ortiz.