Este gobierno tiene la tendencia a destrozar cualquier cosa que toca, y a destrozar otras cosas como daño colateral cuando trata de sacar la mano de donde la metió. El caso de FONAVIPO es muy ilustrativo. Es como un matarife que se introduce en una sala de operaciones y trata de operar a alguien del apéndice con un cuchillo sucio y mal afilado, y no encontrándolo extrae el hígado y, en la salida, destroza los intestinos, dejando además focos de infección llenos de suciedad que luego podrán causar peritonitis.
De esta manera, el gobierno ha convertido en masacre lo que era algo muy sencillo financieramente, algo que muchísimas empresas del sector privado hacen de manera rutinaria: diseñar un complejo de viviendas, conseguir el financiamiento para construirlo, vender las viviendas y pagar el financiamiento. Con su incompetencia característica, pagó la tierra demasiado cara, el gobierno diseñó mal las casas, no pudo venderlas, no generó el efectivo necesario para pagar la deuda adquirida, y entró en mora con el Banco Centroamericano de Integración, destrozando el historial de crédito no sólo de FONAVIPO sino de la República de El Salvador, que nunca, nunca, ni en medio de la guerra, ni cuando los presidentes no sabían leer, había dejado de pagar sus obligaciones a tiempo. Y todo por 10 millones de dólares, que para el gobierno, con un gasto anual de 5,100 millones de dólares, es una cantidad menor.
Así de un proyecto menor, que nunca debía haberse comenzado, se hizo un daño mayor al buen nombre, y por tanto, a la capacidad de obtener crédito del país. Pero el matarife no se quedó allí. Tenía que destrozar todo lo que estaba a su paso para salirse del lío en el que se había metido. En vez de resolver internamente el problema con una transferencia de Hacienda, el gobierno hizo aprobar la Ley de Emisión de Certificados de Inversión del Fondo Nacional de Vivienda Popular, FONAVIPO. El artículo 3 de esta ley destroza varias venas y arterias. Dice así: "Los certificados de inversión que serán emitidos por el Fondo Nacional de Vivienda Popular podrán ser objeto de oferta pública en el mercado nacional, sin necesidad de asentarlos en el Registro Público Bursátil que lleva la Superintendencia del Sistema Financiero, ni de registrar al FONAVIPO como emisor de valores. La obligación mencionada se exime de la obligación de clasificación de riesgo. Las instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones quedan facultadas para invertir en estos certificados de inversión los recursos de los fondos de pensión que administran".
Con esta ley, el gobierno rompió la integridad institucional del sistema que la Superintendencia del Sistema Financiero necesita para proteger a los usuarios del sistema financiero, la del mercado bursátil que exige (como en todas partes del mundo) que todos, todos los títulos que se transan en estos mercados deben ser calificados por una empresa especializada independiente, y la del sistema de pensiones, abriendo la puerta para que los fondos de pensiones del país inviertan en obligaciones que no cumplen con los requisitos que aseguran la prudencia de sus inversiones.
Y lo peor del matarife es que ninguna de estas barbaridades era necesaria para resolver el problema, y ninguna de ellas lo resuelve.
Lo que procedía era todo lo contrario que el gobierno hizo. El Ministerio de Hacienda debería haber conseguido permiso de la Asamblea para pagar la deuda de FONAVIPO, y hubiera iniciado una investigación con la Corte de Cuentas para deducir responsabilidades de por qué esta institución no había podido pagar sus obligaciones financieras. En vez de arruinar la legislación financiera del país para que FONAVIPO pudiera emitir deuda a pesar de su incompetencia, el gobierno debería de haber retirado a FONAVIPO la capacidad de emitir cualquier deuda, dada la desastrosa demostración que ha dado de que no puede manejar sus propios fondos. Van a necesitarse muchos años para deshacer los desastres que estos matarifes están haciendo.
*Máster en Economía,
Northwestern University.
Columnista de El Diario de Hoy.