La llamada de atención a una pareja de estudiantes y la casual presencia de agentes de la policía en la escuela bastó para que la profesora Xiomara (nombre ficticio) tuviera que dejar de trabajar de un día a otro el centro educativo en el que había laborado por varios años.
La misma gente de la comunidad, en donde está el centro educativo, fue la que le sugirió que ya no regresara pues su vida corría peligro.
Los jóvenes que había “regañado” pensaron que ella llamó a agentes de la policía, aunque en la realidad no fue así, relató la educadora.
Esa historia, que ocurrió hace dos años en una institución educativa de la zona oriental, se repitió este año con otro educador de una escuela rural del occidente del país.
La situación de amenaza a muerte en que se han visto estos educadores es una de las causas por las cuales en los últimos tres años decenas de docentes han tenido que dejar sus aulas de trabajo.
Otras razones que han forzado a muchos a dejar sus plazas son la disminución de matrícula, algunos casos de enfermedad y en última instancia por cierre de la institución y conflictos interpersonales.
Según datos provistos por la Oficina de Información y Respuesta (OIR), del Ministerio de Educación (Mined), los departamentos de San Salvador, La Libertad, Santa Ana, Sonsonate y Usulután son los que más evidencia el movimiento de los educadores por las razones antes descritas.
En la mayoría de los casos, según reportes de las direcciones departamentales de Educación, han sido reubicados en otras instituciones.
Sólo en 2014 un total de 216 docentes fueron declarados sub utilizados por las departamentales del Mined, con el argumento de baja matrícula. La cifra pasó a 195 un año después y en los primeros tres meses del presente año el número de profesores afectados por esto ya rondaba los 76.
Los educadores que se vieron obligados a migrar por amenazas fueron 39 en 2014, 29 el siguiente año y 23 en los primeros dos meses del 2016, de acuerdo con los datos oficiales.
En general, las maestras fueron las más afectadas por estos movimientos.
Desde las gremiales de educadores Simeduco, Bases Magisteriales y el Movimiento Magisterial Revolucionario (este último activo en redes sociales), confirman que la migración de los docentes es una realidad que golpea en estos momentos por las amenazas a que se ven expuestos en las comunidades educativas, y en algunos casos porque en las escuelas ha reducido la población de estudiantes debido al fenómeno de violencia que prevalece en su entorno.
Zetino Gutiérrez, secretario de la gremial Bases Magisteriales, expone que algunos de los departamentos donde se han dado más traslado de profesores son los que han reportado más casos de hechos violentos en los últimos tiempos.
El dirigente sindical no deja de advertir que el fenómeno de reducción de estudiantes ahora está relacionado también con una disminución de la cifra de niños que están en edad de atender entre Parvularia y segundo grado.
Recientemente, el Ministerio de Educación informó que 39 mil alumnos abandonaron las aulas en 2015.
Tanto Zetino Gutiérrez, como su colega Francisco Zelada, secretario general del Simeduco, explican que esa situación de inestabilidad laboral perjudica psicológica y económicamente a los profesores. Esto último porque en más de un caso el traslado a otro escuela significa una desmejora salarial, por ejemplo, ocurre que si el educador tiene salario base y sobresueldo suele perder este último.
Explican que en el año 2010 a los profesores que recibían amenazas a muerte o eran objeto de extorsión por parte de las pandillas se les aplicaba el decreto No. 499 que, tras una reforma legislativa al artículo 30 de la Ley de la Carrera Docente, facilitaba su rápido traslado, pero una vez que su vigencia venció ya no fue renovado.
A finales de octubre de 2013 entró en vigencia un Protocolo de Actuación en Caso de Extorsiones y/ o Amenazas a Docentes, en el cual se establece que el traslado de un educador será determinado a partir de la recomendación de la Policía Nacional Civil o la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE) y posterior a una investigación.
Pero según lo que explicó Zelada este protocolo no funciona en la práctica, porque establece un proceso muy burocrático en el cual primero el profesor tiene que denunciar ante el director de la escuela, éste ante la departamental de Educación respectiva y esta oficina ante la Fiscalía.
El sindicalista expuso que en algunos casos cuando de la departamental llegan a averiguar a la escuela termina cuestionando y amenazando al profesor que denuncia;le dicen que si no llega a trabajar será despedido. Por eso muchas veces los profesores amenazados acuden a las gremiales para que les asesoren.
Hay otros casos en que desde las escuelas y las departamentales de Educación sí les ayudan a cambiarse de institución educativa.
Política
Sin embargo, Zelada opina que detrás de ese fenómeno de movilidad de profesores hay otras razones que no necesariamente tienen que ver con amenazas o la baja matrícula por la violencia.
Según manifiesta, muchos de estos traslados son forzados por una política que la cartera de Educación ha venido aplicando en los últimos años - a través de las direcciones departamentales - con miras a eliminar y unir grados bajo el argumento que tienen bajo número de estudiantes.
El dirigente del Simeduco explica que cuando en alguna escuela un maestro tiene menos de 45 alumnos, desde la oficina departamental de Educación, presionan al director para que pongan a disposición la plaza del maestro, y bajo lo que se ha dado en llamar “subutilización” se proceda a trasladarlo.
En otros casos, siempre bajo la línea ministerial, son los propios directores los que deciden subutilizar al maestro cuando ven que tiene 15, 19 o 20 alumnos.
Se trata de un procedimiento que se realiza a la luz de que en las disposiciones generales del presupuesto se habla de que con 45 estudiantes para abajo se constituye una sección o grado. Pero en esto no se establece un mínimo de estudiantes.
Para el profesor Manuel Molina, del Movimiento Magisterial Revolucionario, el que Educación sub utilice a un docente por tener pocos estudiantes es contradictorio.
“El Ministerio de Educación parece que quiere ver las aulas con muchos estudiantes y eso pedagógicamente es incorrecto, porque se ha demostrado que en las aulas con menos estudiantes estos reciben una educación más especializada. De hecho en países desarrollados sus aulas no pasan de 20 a 25 alumnos y aquí la idea es tener salones de clase con 45”, advierte Molina.
Molina coincide con Zelada en que Educación está a la caza de los profesores con poco alumnado.
Aunque los sindicalistas también advierten que hay casos de profesores que son declarados sub utilizados para salvaguardar su vida, también hay casos en que el docente es tratado así para ubicar en la plaza que dejan a otro profesor que está en un sindicato afín al gobierno.
Señalan que también hay casos en que los docentes cercanos al Fmln piden que se les subutilice para cambiar a otros centros que les favorece.
El que los directores subutilicen a los educadores por baja matrícula o para salvaguardarles la vida es un arma de doble filo, porque no hay garantía de que el gobierno le otorgue una nueva plaza a la escuela.
“De hecho las departamentales a veces prometen que van a suplir al docente pero en realidad no lo hacen. Entonces allí los centros escolares se van viendo disminuidos, sobre todo si les vuelve a aumentar la matrícula”, dice Molina;luego añade que desde 2009 el gobierno no inyecta plazas nuevas al sistema educativo público, sino que está maniobrando con las mismas y si bien este año va a publicar más de 1,500 plazas pero ninguna es nueva, pues en su mayoría son las que han dejado los profesores que se pensionaron.
“El ministerio está jugando con las mismas plazas y está subutilizando algunos compañeros por baja matrícula, aunque en las anteriores reuniones que he tenido con el ministro ha manifestado que está en contra de la subutilización e integración de grados, porque eso pedagógicamente no es correcto. Es un doble trabajo para el educador y se pierde la atención de los estudiantes”, manifiesta Molina, dejando en claro las contradicciones en el discurso de las autoridades de educación y lo que realmente pasa en las escuelas.