Cámara abre juicio a Mauricio Funes por presunto enriquecimiento ilícito

La Cámara les dio de plazo hasta el 6 de junio para responder a la acusación.

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El expresidente Mauricio Funes tras rendir declaración sobre la tregua entre pandillas en las instalaciones de la Fiscalía General de la República

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07 May 2016

La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador admitió la demanda por enriquecimiento ilícito en contra del expresidente Mauricio Funes, Vanda Pignato y Diego Funes Cañas.


Los magistrados además dieron cinco días para que la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda brinde certificación de documentos presentados en el formulario f2010, modificaciones de IVA y renta de pago a cuenta e impuesto retenido; distribución, capitalización de utilidades, dividendos o excedentes y listados de socios de la sociedad Noticieros y Entrevistas S.A de C.V.

Además informe sobre la distribución y capitalización de utilidades, dividendos o excedentes; además de listados de socios, proveedores, clientes, acreedores y deudores presentados por la sociedad Mass Media Consulting S.A. de C.V. para el año 2015.


Asimismo ordenó al Registro de Comercio para que remita certificación de balances financieros inscrito a nombre de Agrosuministros S.A de C.V y los balances financieros inscritos a nombre de Noticieros y Entrevistas S.A de C.V.


Al Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas para que remita a este tribunal constancias de carencia de bienes de la propiedad Noticieros y Entrevistas S.A de C.V. o informe de lo pertinente.


De igual forma al Registro de la Propiedad Intelectual para que informe a este tribunal si existen derechos de propiedad intelectual inscritos a favor de Mauricio Funes y Diego Roberto Funes Cañas.


La orden de la Cámara Segunda de lo Civil ha sido girada a todas estas entidades porque en su momento se negaron a brindársela a la Fiscalía General de la República tras haberla solicitado de forma directa.


La Cámara advierte a estas instancias de las sanciones legales establecidas de no acatar la orden en el plazo estipulado.


"Toda persona o autoridad esta en la obligación de colaborar con la justicia cuando sea requerida", reza el documento.


Como sanción al Ministerio de Hacienda de no acatar la solicitud se enviaría certificación a la Fiscalía, informando sobre el posible ilícito penal de desobediencia a particulares y en el caso del Registro de Comercio la suspensión se procederá a la suspensión de la matrícula hasta que remita la información solicitada.

El 29 de marzo pasado, la Fiscalía General de la República presentó una acusación formal contra los tres porque no habrían podido justificar ingresos por más de 728,000 dólares durante el periodo presidencial 2009-20014.

La Cámara les dio de plazo hasta el 6 de junio para responder a la acusación.

El Ministerio Público lleva otra investigación penal contra Funes, ya que en la declaración patrimonial del exmandatario no incluyó 85 armas registradas a su nombre.