ARENA se ha opuesto a dar sus votos para aprobar la emisión de $152 millones en bonos por tres razones: el “gasto duplicado” en varios rubros que plantea el gobierno en cuanto a la asignación de los recursos, el costo “inflado” de algunos equipos que se prevé comprar para equipar a la Policía, y la falta de un ente que fiscalice el uso de los fondos.
En los dos primeros argumentos, el diputado de ARENA, Rodrigo Ávila, fue específico durante su intervención el pasado jueves en la comisión de Hacienda de la Asamblea, en que se detallan gastos excesivos en equipos para los agentes policiales.
Y aunque la presidenta de la Asamblea, la efemelenista Lorena Peña, quiso matizar que se trata de adquirir aparatos especializados y que nadie mejor que ella sabe de cuánto cuestan porque ha sido “guerrillera”; Ávila también le recordó que él se pasaba horas diseñando los planes de compra de los equipos para los policías cuando fue director de la Policía Nacional Civil.
Alegando tal experiencia es que Ávila asegura que el costo de los 7,500 chalecos antibala que el gobierno ha cifrado en $4.5 millones en el plan de gasto de los $152 millones en bonos para “equipar con mayor operatividad, modernización e inteligencia a la Policía”, está “inflado”.
Ávila asegura que un chaleco de ese tipo, con las cualidades que el gobierno dice que necesitan tener, en el mercado no cuesta más de $400 por unidad, y sin embargo, el gobierno los ha presupuestado en $600 cada uno.
Lo anterior significa una diferencia de $1.5 millones más que el gobierno pretende gastar en chalecos antibala, ya que si el precio, como dice el diputado Ávila, es de $400 por cada uno, multiplicado por los 7,500 chalecos que se han planteado adquirir, el monto total sería de $3 millones, sin embargo, el gobierno ha presupuestado $4.5 millones.
Radios de comunicación
Otro de los equipos detallados en el plan de gastos que el gobierno proporcionó a los diputados en Casa Presidencial y que fue anexado al dictamen legislativo que el FMLN intentaba que se aprobara el jueves pasado, es la compra de 2,000 radios de comunicaciones para la Policía.
Para adquirir estos equipos el gobierno ha presupuestado gastar $4 millones, sin detallar el costo por unidad ni las especificaciones, pero según los precios de mercado, el costo de cada aparato dependiendo de su complejidad, puede rondar de $135 a $505.
Precios como esos se pueden ver en Internet, y los ofrecen empresas locales como otras en el extranjero como la chilena Equirad Comunicaciones.
Al hacer la multiplicación de cuánto podría costar hacerse de 2,000 radios de comunicaciones a un costo máximo de $500 por unidad, resulta que el costo total sería de $1 millón, es decir, que hay una diferencia importante si se compara con los $4 millones que el gobierno piensa gastar en esos aparatos.
En el listado de equipos que el gobierno prevé darle a la Policía figuran visores nocturnos, mochilas, capas, colchones, renovación de armamento, accesorios de equipamiento, municiones, combustible, llantas, repuestos, uniformes y calzado, entre otros insumos, de los cuales no se registran cantidades.
En el detalle del gasto, el gobierno también menciona otras asignaciones de dinero para la Dirección de Centros Penales, y es en este rubro que la diputada de ARENA, Ana Vilma de Escobar, pone el dedo en el renglón.
Para la legisladora, para ciertos gastos que plantea el gobierno, ya hay un presupuesto aprobado en la Asamblea Legislativa con anterioridad que se ha fundamentado en créditos pero que el Ejecutivo no ha utilizado.
Incluyen proyectos que ya estaban financiados
Según de Escobar, el Ejecutivo ya contaba con fondos de un préstamo con el Banco Centroamericano de Inversión Económica (BCIE) que la Asamblea Legislativa le aprobó en 2013, para construir y mejorar los centros penales de Zacatecoluca, en La Paz; el de Izalco, en Sonsonate; y otro en Santa Ana.
En el detalle del gasto que hace el Ejecutivo para los centros penitenciarios, explica que construirán tres centros de reclusión temporal con capacidad para 3,000 reos cada uno, ubicados en Zacatecoluca, de La Paz; en Mariona, Mejicanos; y en Izalco, Sonsonate.
También argumenta que en esas obras gastarán un total de $3 millones por cada centro, por lo que ha designado para ese rubro $9 millones.
Para el equipamiento de estos centros temporales de reclusión el gobierno invertiría $1.5 millones en cada uno, por lo que se gastarían de la emisión de bonos, si es que se aprueban en la Asamblea, un total de $4.5 millones.
También se contempla el pago en salarios al personal que trabajará en ellos.
De acuerdo al detalle, se contratarán a 554 agentes de seguridad y tutores, más personal administrativos y equipo técnico, lo cual implica que se tendrían entre 126 a 680 plazas nuevas para los centros de reclusión temporal.
Y para los gastos corrientes de los tres centros temporales el gasto que se prevé es de 200,000 por centro al mes, o sea, $3.2 millones.
“Hay una duplicidad y decimos: ¿y no ya estaba ya el financiamiento?, pero como no tenemos un nivel de detalle para entender si está duplicado o no, queremos que nos lo expliquen”, exigió la diputada de Escobar.
Además, en uno de los apartados también se identifica la inversión de $6.2 millones que se destinarían para la alimentación por el aumento poblacional en las cárceles, que involucra el traslado de 5,000 privados de libertad de bartolinas a los centros penitenciarios.
Añadió De Escobar que hay gastos que se prevén realizar en los centros penales que ya estaban considerados en los presupuestos de la cartera de Seguridad asignados en 2014, 2015 y 2016.
“Respeto y reconozco que han hecho trabajo para hacer esa hojita (detalle de gastos que fue conocido el jueves), porque la primera vez que vinieron, vinieron sin nada”, ironizó De Escobar.
A su criterio, hay además un traslape de gastos que se habían previsto para los 6,300 reservistas, ya que en el presupuesto aprobado para este año, se contempló ese pago, pero de enero a junio, lo que significa que con los $152 millones quieren completar el pago de julio a diciembre.
La legisladora tricolor denunució además que se incluyen el el pago que se les haría de enero a abril de 2017. Ese gasto es corriente y no “extraordinario”, criticó De Escobar.