“Lo que está planteando el FMLN es confiscar los ahorros previsionales de los salvadoreños para poder gastarlos y luego tener que generar un problema de deuda a futuro”. Esta frase no la dice un economista salvadoreño o alguien de la empresa privada. Lo señala Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas para América Latina del Cato Institute, uno de los tanques de pensamiento de mayor prestigio a nivel internacional y reconocido por su independencia política.
Su análisis fue parte de un espacio de entrevista con el comentarista financiero del canal internacional CNN, Xabier Serbiá, quien lo cuestionó sobre la reforma de pensiones que analizan los diputados de la Asamblea Legislativa y que ya se enfrentó al primer frenazo por parte de la oposición.
Para Hidalgo está claro: la propuesta de reforma que plantea el FMLN no es más que una confiscación de los ahorros que los salvadoreños han acumulado en las AFP desde 1998, y que se asemeja a lo que ocurrió en Argentina en 2008.
“Claramente lo que el Gobierno está planteando aquí es similar a lo que hizo en su momento Cristina Fernández en Argentina, que es hacerse con los fondos de pensiones. Este dinero está ahí y el Gobierno le lleva las ganas para poder echar mano y poder seguir gastando”, dijo el analista de origen costarricense.
“Así que no es tanto una reforma de pensiones sino una confiscación que va en contra del artículo 106 de la Constitución salvadoreña”, agregó el profesional.
Lo mismo han manifestado sindicatos de trabajadores, economistas y reconocidos abogados en el país. El Gobierno, sin embargo, niega que su reforma sea una confiscación.
Y a Hidalgo no se le hace extraño que el Gobierno quiera más dinero, pues es evidente que la deuda total del país está sobrepasando sus límites.
“Es el país de Centroamérica que tiene la deuda más grande como proporción del PIB. Un 60% y el Gobierno ha venido recurriendo en repetidas ocasiones a aumentos de impuestos para tratar de reparar las finanzas públicas”, dijo.
“Ha habido 6 reformas fiscales en los últimos dos gobiernos del FMLN... y aun así las cuentas fiscales no cierran”, mencionó en el espacio televisivo transmitido por televisión de cable.
En su intervención, Xerbiá le preguntó a Hidalgo qué pasa con la responsabilidad que tiene el Gobierno de pagar las pensiones a los jubilados y el gasto que este representa para las finanzas salvadoreñas.
Ante la pregunta, Hidalgo respondió explicando la diferencia que hay entre ambos sistemas y lo que realmente ocurre con el gasto estatal.
“En un sistema público usted cotiza toda su vida, pero esa plata no es que se va a una cuenta bancaria a esperar que usted se retire y la pueda sacar.Esa plata el Gobierno la gasta y luego se convierte en una deuda para futuras generaciones”, señaló en la entrevista.
“Eso es lo que esta pasando con las personas que quedaron en el sistema público. Se les tiene que seguir pagando una pensión para la cual ya habían cotizado, ya les habían hecho una promesa pero el Gobierno salvadoreño gastó esa plata, y ahora corresponde a los contribuyentes salvadoreños tener que pagar esas promesas y esa deuda”, indicó Hidalgo.
En cambio, explicó que “en el sistema privado cuando usted cotiza su vida laboral su pensión consiste exclusivamente en lo que usted cotizó y el rendimiento”.
“Que las comisiones son alta?_se preguntó a sí mismo. Bueno... eso probablemente indica falta de competencia. Si usted tiene suficiente número de operadores de pensiones es probable que esas comisiones caigan como es el caso de Chile”, manifestó, aludiendo a las críticas que ha hecho el FMLN sobre la comisión de 2.2% que cobran las AFP por administrar el dinero de los salvadoreños.
Sobre este punto, Hidalgo agregó que habría que revisar cuáles son las regulaciones que el país tiene en materia de inversión de los fondos de pensión.
Como ya ha sido señalado por trabajadores y economistas, Hidalgo mencionó que en El Salvador se le ha dado a las AFP un único camino de inversión, que no está generando rentabilidad para los ahorros de los salvadoreños.
“El problema es que se les limitó muchísimo las opciones. Básicamente les dejaban como único camino invertir en bonos del Gobierno los cuales por lo general tienen un bajo rendimiento”, dijo.
Esta única inversión se ha dado, sobre todo desde 2006, cuando se creó el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) con el que se obligó a las AFP a invertir el 45% del fondo de pensiones en instrumentos financieros estatales que por muchos años pagaron tasa de interés de apenas 1.2%.
“Pero, entonces, estas son reformas que se pueden hacer al sistema sin caer en lo que está planteando el FMLN, que es confiscar los ahorros previsionales de los salvadoreños para poder gastarlos, y luego tener que generar un problema de deuda a futuro”, reiteró el analista.
La propuesta
Para refrescar la memoria, la reforma del Gobierno plantea la creación de un sistema mixto. Su idea es reabrir parcialmente el antiguo sistema de reparto, administrado por el Estado.
Para lograrlo, la propuesta de ley de la reforma expresa que los trabajadores de aquellos trabajadores que ganen hasta $484 mensuales pasarán totalmente a una cuenta estatal. Y los ahorros de los que ganen más de $484 se repartirán entre el sistema público y el privado.
Según datos oficiales, de los $8,600 millones que forman los ahorros, $4,500 millones pasarían al Estado si se aprueba la reforma del Gobierno.