El nombramiento de Ricardo Alberto Iglesias Herrera como magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y quien a la vez labora como asesor a la fracción legislativa del FMLN, es considerada ilegal por un ciudadano que recientemente presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional.
La demanda fue presentada por el también abogado Salvador Enrique Anaya Barraza el pasado 3 de mayo ante la referida Sala y en ella pide impugnar parcialmente el artículo 2 del decreto legislativo número 101 del 21 de agosto de 2012, específicamente en cuanto a la elección de Ricardo Alberto Iglesias Herrera, como magistrado suplente para el periodo de nueve años que finaliza el 30 de junio de 2021, según dice el escrito.
El demandante argumenta que con dicho nombramiento se vulnera el “principio de independencia jurisdiccional de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en concreto, respecto a partidos políticos” (ver documentos).
Anaya Barraza considera que el magistrado suplente es “una persona materialmente vinculada” al partido FMLN y cita palabras del mismo Iglesias cuando afirmó a El Diario de Hoy que trabaja como asesor para la bancada del FMLN desde 2006.
“Iglesias confirmó lo anterior a este medio, pero aclara que no está afiliado a dicho instituto político. ‘Yo no soy miembro del partido, trabajo ahí sí, pero le digo, yo he tratado de ser imparcial’”, cita Anaya Barraza en su demanda.
“...Como él mismo reconoce, trabaja para dicha organización partidaria, en tanto su calidad de asesor específico del referido partido político e, incluso, le ha representado en organismos electorales”, añade el demandante.
Esto último se refiere, tal como lo publicó en su momento este periódico, a que en las elecciones de 2012 Iglesias formó parte de la Junta Electoral Departamental de San Salvador, del cual fue presidente, en representación del partido FMLN, según consta en las actas del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
En esas actas del TSE aparece con los apellidos Iglesias Reyes, pero al ingresar el número de DUI al sistema informático para acceder al padrón electoral del TSE, se obtuvo el nombre de Ricardo Alberto Iglesias Herrera.
“Se aprecia fácilmente - hasta de modo intuitivo - que la elección que la Asamblea Legislativa hizo del abogado Iglesias Herrera como magistrado suplente de la CSJ es, a todas luces, violatoria de la Constitución, en tanto que, en frontal contradicción con el principio de independencia jurisdiccional de la CSJ, se eligió a una persona vinculada materialmente a un partido político; decisión con la cual no se ofrece la garantía necesaria del cumplimiento independiente y efectivo de la función jurisdiccional de la CSJ”, insiste el demandante.
Para fundamentar Anaya Barraza la relación del magistrado suplente con el partido FMLN, se basa en la hoja de vida que hizo pública Iglesias y en la cual confirma que trabaja como asesor legislativo de ese partido y en la misma lista de asesores legislativos que hizo pública recientemente la Asamblea Legislativa, tras una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Se llamó a la oficina de la CSJ donde labora Iglesias Herrera como magistrado suplente para conocer su postura ante esta demanda, pero la persona que respondió dijo que no se encontraba pero que le daría el recado para que él devolviera la llamada. Por la tarde, se le volvió a llamar pero la misma persona aseveró que el funcionario llegaría hasta el lunes y que ese día le volviéramos a llamar.
Días atrás cuando lo entrevistó este periódico en las afueras de la CSJ y de la Asamblea, sobre que algunos sectores planteaban que debía renunciar a uno de los cargos, Iglesias Herrera dijo no estar dispuesto a hacerlo.
“El problema es que no le veo el asunto, porque mi imparcialidad no ha estado comprometida jamás. La Ley Orgánica Judicial permite que yo pueda tener otro cargo, siempre que no lo ejerza durante algún tiempo; sí se puede, no le veo ninguna incompatibilidad”, argumentó Iglesias a El Diario de Hoy.
Ya existe jurisprudencia
Para fundamentar la violación a la Carta Magna con el nombramiento de Iglesias como magistrado suplente de la CSJ, el demandante cita al menos siete resoluciones de la misma Sala de lo Constitucional, en las que ha declarado inconstitucional los nombramientos de personas afiliadas a partidos políticos en instancias jurisdiccionales.
Una de ellas se refiere a la elección de dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuya sentencia fue dictada el 13 de mayo de 2011.
Cita también otra sentencia de inconstitucionalidad contra la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de fecha 5 de junio de 2012 y otra similar dictada el 14 de octubre de 2013 contra la elección del mismo presidente de la CSJ, Salomón Padilla.
Recuerda además el demandante, las sentencias de la Sala contra el nombramiento de funcionarios como magistrados a la Corte de Cuentas de la República por estar afiliados a institutos políticos.
Incluye como prueba los fallos de inconstitucionalidad de 2014 contra el nombramiento de Eugenio Chicas, como presidente del TSE y de Tito Edmundo Zelada como presidente del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), ligados al partido FMLN.
Todos los funcionarios tuvieron que dejar sus cargos.