Alos funcionarios de este gobierno les gusta proyectar una imagen de ser bien importantes y tener gran poder. Lo proyectan a través del pomposo despliegue de lujo, que es tan evidente en los desfiles de Toyotas Prado negras, precedidas y seguidas por motociclistas en uniformes especiales y seguidoras con luces azules en el techo. También lo hacen a través de ataques continuos a los gobiernos anteriores, a los empresarios y a cualquiera que pueda estar en desacuerdo con el gobierno actual.
Pero estas bravatas no logran esconder la debilidad intrínseca que hay en un gobierno que no sabe cómo gobernar. Esta debilidad se manifiesta en su servilismo hacia sectores, como los buseros, que le hablan fuerte y lo desprecian públicamente. De hecho, estos sectores lo han capturado y le sacan todo lo que quieren.
La captura que los buseros le han hecho al gobierno se ve claramente en la ley del Fondo de Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT), que fue aprobada con el apoyo de ARENA en diciembre pasado. La ley está hecha para beneficiar desvergonzadamente a los buseros pero de una manera oculta, para que la ciudadanía no note que este es el objetivo.
La voluntad de engaño a la ciudadanía es evidente. El título del fondo indicaría que su objetivo sería dar atención a las víctimas de accidentes de tránsito, pero sólo el tres por ciento de los recursos del fondo se ocuparán para comprar un seguro orientado a compensar a dichas víctimas. Esto sugiere que la ley tiene otros propósitos que no se quisieron poner en el título de la ley.
Uno de estos propósitos es dar un refuerzo presupuestario al Ministerio de Salud, con el pretexto de que se prepare mejor para dar atención a las víctimas de los accidentes. Aunque las cifras son ridículas (el traspaso de fondos a Salud es equivalente a 12 dólares por contribuyente), la operación con Salud sería legítima si no fuera por dos problemas: primero, que esto convierte las contribuciones de los ciudadanos al fondo en un impuesto, que debe ser identificado como tal en la ley, y, segundo, que la Constitución dice claramente que los impuestos no pueden ser dedicados a ninguna actividad en particular. Todos deben entrar al Fondo General de la Nación, y de allí ser distribuidos con la aprobación explícita de la Asamblea.
Pero la entrega a los buseros se vuelve evidente al notar que el 25 por ciento de los recursos del fondo es para comprarles a ellos las unidades viejas para que sean convertidas en chatarras. Este es un inaceptable uso de los fondos del público para dar un privilegio económico a un sector de la población por motivos claramente políticos. Los buseros no sólo reciben un subsidio que va para ellos, no para los usuarios, no sólo violan todas las leyes y reglamentos de tráfico, no sólo tienen en funcionamiento buses tan viejos y tan carentes de mantenimiento que escasamente pasa una semana sin que haya un accidente fatal con enormes números de víctimas, no sólo incumplen la ley al no sustituir estos buses con nuevas unidades sino que, además, ahora el Estado les va a pagar para que retiren de circulación esas amenazas a la vida de la población. Es obvio que esto implica un regalazo, porque si el gobierno les fuera a pagar a los buseros lo que valen los buses como chatarra no sería necesario el fondo. Los buseros los venderían ellos directamente.
A este regalazo añada usted que la ley está trasladando a los contribuyentes del FONAT la responsabilidad de pago a las víctimas de los múltiples accidentes de los buseros. Ahora los buseros darán menos mantenimiento a sus chatarras porque el FONAT pagará todo cuando se estrellen, y después se las venderán al Estado. Este es el costo de tener un gobierno con la debilidad de la incompetencia.
*Máster en Economía,
Northwestern University.
Columnista de El Diario de Hoy.