Aunque consideran que hace falta mucho por hacer, varios grupos de la sociedad civil coinciden en que a cinco años de haber sido aprobada la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) esta ha tenido avances sustanciales en su aplicación y ha permitido destapar a funcionarios públicos y hasta exmandatarios ligados a casos de supuesta corrupción, muchos de los cuales están en tribunales de justicia procesados por presunto enriquecimiento ilícito.
Además, la implementación de la citada ley ha permitido que cada vez más la ciudadanía se vaya empoderando al hacer uso con mayor frecuencia de esta herramienta que permite fiscalizar el poder.
Organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), algunas de ellas integrantes del Grupo Promotor de la LAIP, salvo algunas observaciones, evalúan como buena la implementación de dicha normativa que el domingo cumple 5 años de haber sido aprobada por la Asamblea Legislativa, aunque su implementación se diera un año después.
No obstante, para alcanzar esos logros, la ley tuvo que enfrentar una serie de acciones que intentaron obstaculizar su impacto o de restarle facultades al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), instancia encargada de velar por su cumplimiento.
“Ha sido muy importante el reconocimiento que en su momento le dio la Sala de lo Constitucional al señalar que el acceso a la información es un derecho fundamental, eso prácticamente es lo que ha protegido y blindado el acceso a la información pública ante algunos obstáculos que se han ido presentando en el camino”, apuntó Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de Fusades.
Citó como ejemplo el nombramiento de los comisionados del IAIP por parte del entonces presidente, Mauricio Funes, quien también intentó vía reglamento “quitarle dientes” a esta entidad que tuvo un retraso de formación de 15 meses y que tardó 7 meses en contar con un presupuesto para poder vigilar el cumplimiento de la LAIP. Aparte de eso hubo un intento en la Asamblea Legislativa de reformar la ley con la finalidad de “debilitarla” y hasta “anularla”, según Castro.
Dejando de lado todos esos aspectos negativos o intentos de bloquear el trabajo del IAIP, Castro considera que “la aprobación de la ley marcó un hito muy importante para la democracia del país en la medida que éramos de los países de América Latina que no contábamos con ley de acceso a la información, pero tuvimos un resultado de que se aprobara una buena ley”.
Un hecho destacable en todo este proceso fue que el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, estuvo anuente a acatar la orden del IAIP al hacer pública su declaración jurada sobre su patrimonio, lo que desencadenó la activación de la Sección de Probidad que ha enviado a juicio a los expresidentes Funes y Antonio Saca; al diputado, Reynaldo Cardoza y al exdirector del ISSS, Leonel Flores Sosa, todos por presunto enriquecimiento ilícito. En la lista de Probidad se encuentran una treintena de funcionarios más a la espera de alguna resolución.
“No hay duda que la Ley de Acceso a la Información ha sido un disuasivo importante para los que justamente están en esa ardua tarea de andar viendo cómo le roban el dinero al Estado, no lo hagan”, destacó el director de Funde, Roberto Rubio, como uno de los logros en esa materia.
Rubio recordó que al principio muchos ciudadanos acudían a la oficina de Funde para que por su medio se solicitara información pública en algunas entidades del Estado. Según dijo, ahora esos ciudadanos ya se activaron y personalmente acuden a ejercer su derecho a pedir información pública.
Abusos en reserva
En su evaluación de estos cinco primeros años de vigencia de la ley, el comisionado del IAIP, Jaime Campos, asegura que se han visto avances pero que la mayor traba que se ha tenido es que muchos funcionarios e instituciones están abusando de clasificar como reservada mucha información que por ley debería ser pública.
“La transparencia no viene por decreto y es parte de un proceso de cambiar patrones y paradigmas en mucha parte de la administración pública donde hay funcionarios que aún se creen que son dueños de la información. Para mí los avances son notables; eso no significa que estemos en un nivel óptimo, falta mucho todavía”, manifestó el comisionado Campos.
Roberto Burgos, director ejecutivo de DTJ, asegura que en la anterior oficina para la cual laboraba se hicieron más de 2 mil solicitudes de información, entre ellas la de las fiestas navideña y compra de regalos navideños para los diputados en 2012, durante la administración de Sigfrido Reyes, quien se negó a dar la información al declararla reservada, pero el IAIP le ordenó entregarla.
A juicio de Burgos, toda esa cultura del secretismo “se ha ido rompiendo. Les hemos resquebrajado la estructura del secreto que ha acuerpado la impunidad tradicional de este país. Yo creo que ni los mismos funcionarios que aprobaron esta ley se imaginaron todo lo que iba a provocar la LAIP”, dijo Burgos.
Javier Argueta, de ANEP, se sumó a quienes creen en los beneficios pero tuvo su reserva con los comisionados.
“Yo invito a los comisionados a que verifiquen lo bien que se está haciendo de parte de la ley, pero también la independencia que ellos deben tener de Casa Presidencial, la cual estamos monitoreando todos los sectores”, apuntó.