El fiscal general Douglas Meléndez dijo el día que anunció las capturas de 18 personas vinculadas al caso de la tregua, que ese pacto “no es delito, el delito son los hechos cometidos en ese contexto”.
En ese sentido, la Fiscalía acusará hoy ante los tribunales a 18 personas de una serie de delitos que se habrían derivado durante la tregua y de la cual, cabecillas de las pandillas en los penales, recibieron beneficios y privilegios.
Entre los capturados figuran un alto jefe y dos oficiales de la Policía, tres exempleados del Ministerio de Defensa, tres exdirectores y dos directores de penales, y nueve profesionales de los Consejos Criminológicos.
También arrestaron a Raúl Mijango, quien se atribuía ser el mediador de la tregua entre las pandillas. Aún falta por arrestar al exdirector de Centros Penales Nelson Rauda y dos empleados de la misma institución.
Los delitos por los que los acusados enfrentarán a la justicia son agrupaciones ilícitas, tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios, actos arbitrarios, incumplimientos de deberes, y falsedad ideológica. Los detenidos no serán acusados de todos los delitos sino que dependerá de la conducta delictiva que se le habría comprobado según la Fiscalía.
Garay Pineda: delitos ya prescribieron
Sin embargo, el exdirector de Centros Penales y abogado Rodolfo Garay Pineda aseguró ayer en la entrevista de Telecorporación Salvadoreña (TCS) que los delitos por los que las 18 personas serán acusadas, ya prescribieron, es decir, que ya pasó el tiempo que da la ley para pedir la apertura de un proceso judicial.
“El decir que delitos prescriben no es defender la tregua, al contrario la tipificación de delitos puede llevar a impunidad”, dijo Garay Pineda.
Sostuvo que en caso de que la Fiscalía investigue el desvío de dos millones de dólares de los fondos de las tiendas de los penales para financiar los beneficios a los cabecillas de pandillas y sus familiares, también el delito de malversación podría haber prescrito.
“Conozco ese fondo (tiendas penales) yo creé ese rubro; ese delito (malversación) es de dos a tres años y, ya prescribió”, dijo Garay Pineda.
Sobre ese posible desvío de fondos, el abogado penalista Luis Peña dijo a El Diario de Hoy que podría conformarse el delito de peculado debido a que los funcionarios permitieron que terceras personas se beneficiaran.
“Por no guardar la calidad de garante con respecto a los fondos públicos, hay una garantía de vigilancia, que tiene los funcionarios de administrar los fondos públicos. Si esa calidad de garante no la ejerce, por omisión o dejar de hacer el buen uso de fondos, podríamos estar ante un eventual delito de peculado”, dijo.
Por su parte, el exfiscal general Félix Garrid Safie, quien también participó de la entrevista televisiva, respaldó la investigación hecha por la Fiscalía, pero sostuvo que “no conozco los expedientes y no puedo decir si el delito de malversación ya prescribió”.
Señaló que no es que esté defendiendo ni apoyando la tregua porque “pudo ser buena o mala o se pudo cometer delitos con su bandera”.
Garay Pineda cree que la Fiscalía está actuando “por presión social, y no se está procesando a los responsables directos”.
Consideró además que el hecho de que no se procese a los responsables que adoptaron las decisiones y ordenaron la ejecución de la tregua “esto generará impunidad”.
En similares términos se expresó Safie y aseguró que “no es posible que un ministro de Justicia se quiera desligar de la política penitenciaria” en alusión a las ilegalidades que ha descubierto la Fiscalía.
En reiteradas ocasiones, el expresidente Mauricio Funes, y el ministro de Defensa David Munguía Payés, y ex ministro de Seguridad; se han desvinculado de la tregua, al sostener que fue un pacto entre pandillas y no entre Gobierno y pandillas.
Sin embargo, Funes y Munguía Payés se atribuyeron en su momento como un logro de sus gestiones la reducción de homicidios producto de la tregua, incluso lo presentaron en el seno de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos.
No pueden desligarse de responsabilidades
Garay Pineda enfatizó que más allá de que altos exfuncionarios de Gobierno traten de desligarse de ese proceso con las pandillas, es difícil eludir esas responsabilidades, y agregó que corresponde al Presidente de la República autorizar y ejecutar una política se seguridad, como en su momento fue la tregua.
Safie dijo que “el director (de Penales) de ese momento, tenía que conocer de todo lo que entraba (a las cárceles) estamos frente a violaciones a la ley”.
Las investigaciones revelaron que como parte de los privilegios de la tregua, los pandilleros recluidos en los penales gozaron de fiestas con orquestas y disco móviles. También les permitieron ingresar televisores plasmas, juegos electrónicos y celulares.
Otros de los cuestionamientos hechos por Garay Pineda fue el traslado de los 30 cabecillas de pandillas del régimen de máxima seguridad en el penal de Zacatecoluca, La Paz, a reclusorios con controles menos rigurosos en los inicios del proceso de “pacificación”.
“El traslado de internos de alta peligrosidad requiere de un dictamen criminológico”, dijo Garay Pineda.
El ministro de Defensa David Munguía Payés se desligo ayer en una entrevista radial que él en ningún momento avaló el traslado de esos cabecillas y tuvo que haber sido los consejos criminológicos.
Nueve empleados de Penales, entre sicólogos, educadores y asesores jurídicos han sido detenidos porque supuestamente habrían emitido dictámenes criminológicos falsificados para facilitar el traslado de los 30 cabecillas de pandillas. En las primeras investigaciones, la Fiscalía pudo establecer que los 30 cabecillas fueron trasladados antes de que se emitieran los exámenes criminológicos. También se autorizaron las salidas de cabecillas de distintos penales para ofrecer conferencias de prensa en penal de Mariona.