Maras plantearon una lista de “favores” para bajar homicidios

Un beneficio fue no hacer requisas en los penales y retirar a los soldados.

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ESA05. SAN SALVADOR (EL SALVADOR)

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04 May 2016

Cerca de 30 cabecillas de las pandillas MS y 18 le doblaron el brazo a funcionarios de Justicia y Seguridad  en marzo de 2012, al concederles un listado de beneficios a cambio de reducir los homicidios en el país, de 15 a cinco diarios.

El compromiso de las partes fue acompañado por el obispo castrense, Fabio Colindres y el mediador Raúl Mijango.

Aunque el Gobierno nunca lo aceptó públicamente, como parte de esos compromisos hubo traslado de cabecillas del penal de máxima seguridad en Zacatecoluca (Zacatraz) a cárceles menos  rigurosas como Cojutepeque, Ciudad Barrios e Izalco.

Fuentes policiales consultadas por El Diario de Hoy en su momento manifestaron que durante mes y medio después del traslado de los cabecillas, las autoridades no realizaron requisas.

Aunque en el 2011 los allanamientos dejaban cientos de celulares y chip, así como accesorios decomisados, después de la tregua y para supuestamente disimular, las autoridades realizaron un registro en el penal de Cojutepeque pero solo encontraron 14 celulares y cuatros chips.  

Los pandilleros consiguieron además, que se retiraran  a los militares de los registros y controles de seguridad en el ingreso de visitas a los penales.

La justificación que en su momento dieron las autoridades para remover a los militares del control penitenciario, fue que los objetos prohibidos no ingresaban con la visita  de sus parientes, sino que desde las zona perimetral los lanzaban hacia el interior de los mismos.

Por si fuera poco, los reos consiguieron ampliar la visita familiar  de dos a tres horas, al igual que la visita íntima y que se diera fuera de los horarios establecidos.

Como valor agregado los cabecillas obtuvieron más contacto con sus hijos y compañeras de vida.

Se rompieron las normas y reglas establecidas en la Ley y en el reglamento penitenciario.

Prostitución infantil

La situación llegó al extremo que se descubrió que una menor de edad ingresaba a un penal para mantener relaciones sexuales con jefes de pandillas, todo con el aval de las autoridades.

También sus familiares podrían llevarles prendas de vestir y alimentos que estaban restringidos. 

Otras de las prebendas que gozaron los pandilleros durante la tregua fue el ingreso de orquestas, grupos musicales y discotecas a los centros de reclusión.