“Un punto clave en cualquier estrategia gubernamental para reducir el extremismo, la violencia y el terrorismo debe ser el apoyo al la prensa independiente y la diversidad de las comunicaciones”, reza uno de los puntos más importantes de la declaración conjunta de los relatores globales de la libertad de expresión.
Este documento, que se actualiza año con año en el marco del Día de la Libertad de Prensa, llama a los gobiernos a considerar un justo balance en sus estrategias por combatir la violencia y recuperar el control de sus territorios y una apertura a los medios de comunicación para que estos puedan desempeñar su rol de brindar información pertinente a la ciudadanía.
Según David Kaye, relator especial de la libertad de opinión y expresión de la ONU, la declaración busca hacer énfasis en tres puntos principales.
Primero, el impacto del terrorismo en la prensa. Por un lado, pues los comunicadores han sido sujetos de ataques directos por sus contenidos, y por otro, advirtió que la reacción de los gobiernos puede ser desproporcionada, llegando a caer en vigilancia excesiva o control de contenidos.
Segundo, afirma que cualquier esfuerzo para combatir o prevenir el extremismo debe ser enmarcado en la ley y el estado de derecho y debe tener como finalidad preservar la seguridad de las personas.
Tercero, afirma que un Estado debe definir qué califica como amenaza terrorista, pues la falta de claridad al identificar sus amenazas lleva a interpretaciones antojadizas de la ley y arbitrariedades.
“Debemos evitar que se quieran regular demasiadas libertades en búsqueda de la seguridad”, afirmó Kaye.
Edison Lanza, periodista uruguayo y relator de este tema para la Organización de Estados Americanos, reconoció la importancia de combatir la violencia, pero afirmó que debe hacerse con base en el respeto a libertades fundamentales, como la de prensa.
“Particularmente en mi región (América), el uso impreciso de conceptos como el combate al terrorismo o la subversión terminó afectando seriamente los derechos humanos”, añadió Lanza.
Una de las violaciones más graves, afirmó el uruguayo, es la criminalización de la crítica y el disenso, y afirmó que esta es una práctica que no ha quedado en el pasado.
Además de la ONU y la OEA, los otros firmantes de la declaración representan a instancias que defienden la libre expresión en África y Europa.