La libre expresión es un derecho humano fundamental y su defensa debe trascender cualquier visión política, afirmó Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa que se celebra cada 3 de mayo, El Diario de Hoy habló con Lanza sobre el estado actual de la prensa, su vinculación con la democracia, las amenazas que enfrentan los comunicadores en diferentes partes del mundo y la situación particular de El Salvador.
Esta entrevista se da unos meses después de que este medio fuera denunciado ante la Fiscalía General de la República por hacer una supuesta apología del terrorismo por publicar reportajes sobre el control que ejercen pandillas en el centro capitalino, y a dos días de que el presidente Sánchez Cerén arremetiera contra los medios. A juicio de Lanza, ambas situaciones son lamentables, pues “los periodistas no solo tienen el derecho, sino la obligación de informar sobre estos episodios”. Este y otros temas fueron discutidos con Lanza.
¿Por qué la OEA le ha apostado a la libre expresión desde una relatoría especial?
-La relatoría especial cumple 20 años en 2017 y surgió por el consenso de los Estados, que en ese momento discutían mecanismos para fortalecer sus democracias. En ese momento, se estaba viviendo una “primavera democrática”, después de varias décadas de dictaduras y regímenes autoritarios. Estos sistemas eran jóvenes, pero todavía muy débiles y debían fortalecerse. Es ahí cuando se vio a los medios de comunicación como vehículos fundamentales para la libertad de expresión y se entendió que era necesario protegerlos.
Desde su inicio, la misión de la relatoría ha sido monitorear, promover y proteger la libre expresión y asesorar a la CIDH en esta materia.
¿Cuál es el diagnóstico de la libre expresión en estos años?
-Hay que hacer una precisión, vivimos en una región muy heterogénea y es difícil plantear una fotografía única o un solo diagnóstico. Hemos tenido avances fundamentales, por ejemplo, en 1997 ningún país del hemisferio tenía leyes de acceso a la información pública y hoy 22 países cuentan con leyes y muchos de ellos adoptaron instituciones especiales para proteger este derecho, entre ellos El Salvador.
Sin embargo, todavía hay retos muy fuertes que superar. Uno de ellos es el uso del derecho penal para delitos como injuria o calumnia, que sigue siendo un tema problemático en muchos países. Hay unos diez u once países que ya han modificado estos delitos y se han adaptado a la protección de las expresiones de interés público.
Del mismo modo hay temas que tienen que ver con la protección de periodistas. Obviamente es una de las regiones más violentas del mundo y lo que hemos ganado en democracia todavía no lo hemos terminado de ganar en términos de paz y una vida libre de violencia. Muchos de nuestros países han adoptado mecanismos de protección de periodistas como Colombia, México, y recientemente Guatemala y Honduras.
Finalmente, estamos frente a temas como las nuevas tecnologías y el Internet, donde la discusión es incipiente y hay que plantear garantías nuevas.
¿Qué otros retos enfrenta el ejercicio periodístico?
-Todos los años hay periodistas amenazados o incluso asesinados, otros que deben migrar o censurarse por miedo a represalias. Ese es un tema central en la región. También sigue habiendo un clima de impunidad en los crímenes hacia periodistas, la mayor parte de los autores intelectuales de estos crímenes siguen impunes.
¿Qué hay de las presiones políticas?
-La libertad de expresión es parte fundamental de la democracia y debe ser consolidada. Cualquier rincón del mundo que apueste por este sistema, debe estar dispuesto a soportar un debate público robusto que a veces puede ser ofensivo para algún funcionario aunque estos puedan responder.
Hay fenómenos particulares de la época: hay casos como Ecuador, Venezuela o Cuba, donde estos gobiernos han entendido que el Estado tiene que tener una hegemonía de la comunicación y en casos como Ecuador se ha optado por normas que pretenden regular los contenidos por medidas administrativas pero muy gravosas como sanciones a los medios. Es un fenómeno bastante nuevo en términos históricos y la relatoría ha dicho que inhiben la libre comunicación y se tienen que resolver.
En el siglo pasado, las violaciones a estos derechos venían de gobiernos tradicionalmente de derecha y hoy parece ser todo lo contrario. ¿Qué ideología entonces es la que protege la libre expresión?
-Creo que uno de los problemas centrales que hemos tenido es la ideologización de los derechos humanos. Creo que estos son un consenso básico al que los Estados han llegado a través de diferentes declaraciones.
Todos los Estados han suscrito declaraciones internacionales y sus parlamentos las han ratificado y tienen una obligación de respetar estos derechos más allá de quién esté en el gobierno o su ideología, a fin de garantizar una democracia pluralista, no una hegemónica.
Tristemente, hemos visto vulneración a la libre expresión por parte de todas las tendencias políticas. La vacuna contra esos abusos no está en ideologías, sino en el respeto a los derechos humanos.
La organización Freedom House dice que el mundo ha retrocedido mucho en libertad de prensa. ¿Qué factores motivan este retroceso?
-Por un lado, está el uso de nuevas tecnologías para coartar la libertad, como el Internet, donde se ha podido perseguir criminalmente a los periodistas u opositores.
Por otro lado, en situaciones de crisis o conflicto, una de las primeras víctimas es la libertad.
¿Como en El Salvador donde el Gobierno ha acusado a medios de exagerar las crisis?
-Esto ha pasado en El Salvador como en otros países. Es real que los gobiernos se enfrentan a violencia desmedida y crimen organizado, y es obligación y derecho de los periodistas informar sobre estos episodios. No pueden ser acusados ni silenciados, mucho menos por el Estado, por informar sobre estos acontecimientos. Esto no es una incitación, sino cumplir con su mandato de informar de temas de interés público.
No pueden ser sometidos a procesos y no se debería exigir a un medio que revele sus fuentes de información, que en muchos casos su identidad debe ser protegida. No tiene sentido decir que se protege la libertad de expresión si solo se da en los temas que a un gobierno le interesan. Hay temas que son problemáticos para un gobierno pero de interés público y los medios deben tener la protección para difundirlos.
Ninguna situación debe ser excusa para restringir la libertad de expresión.