La semana pasada, en este mismo espacio, señalé que, en términos generales, la ciudadanía había recibido con optimismo el nombramiento de Ricardo Perdomo como nuevo Ministro de Justicia y Seguridad Pública, ya que el funcionario apartó su discurso del que hasta ese momento había manejado su antecesor y el mismo presidente de la República. Perdomo inició su gestión contradiciendo parcialmente la versión oficial en relación a "la tregua" y ciertas actividades desarrolladas alrededor de ella. Argumentó, por ejemplo, que la iniciativa no era parte de la estrategia de seguridad pública gubernamental y que en el contexto de su desarrollo se habían concedido beneficios a cabecillas pandilleros, pero que bajo su gestión esto cesaría.
En mi artículo además escribí que alrededor de este discurso diferente aún prevalecían elementos que sugerían que el cambio de posición oficial era cosmético, orientado a proyectar un golpe de timón mientras el Gobierno continúa apostándole a la negociación con cabecillas pandilleros como su principal estrategia de seguridad. Pocos días después, durante su programa radial sabatino, el mismo presidente Funes se encargó de confirmar esta lectura. El mandatario, con el fin de aclarar cualquier duda derivada del discurso de Perdomo, desmintió que existiera un cambio en la estrategia gubernamental de seguridad y aseguró que continuarán con el proceso iniciado en conjunto con los "mediadores", inicialmente bautizado como "municipios santuario" y, después, corregido a "municipios libres de violencia". Raúl Mijango y monseñor Fabio Colindres, los voceros de la iniciativa, también declararon ante los medios de comunicación que todo sigue igual que antes, con la única diferencia que ahora los pandilleros no podrán dar conferencias de prensa o conceder entrevistas a periodistas.
La forma en que se ha desarrollado el tema sugiere que existe una alta probabilidad de que Perdomo se convierta en un funcionario ornamental, aún controlado por Munguía Payés, su antecesor y ahora "asesor en seguridad" del presidente de la República. Bajo este esquema, Munguía ahora es menos visible, pero aún conserva el mismo poder, control e influencia sobre el aparato de seguridad e inteligencia, lo cual le permitirá profundizar el pacto con las pandillas de forma más clandestina.
Las instituciones del aparato de seguridad e inteligencia aún están infiltradas y, en la mayoría de casos, dirigidas por personas leales al exfuncionario. Los puestos de quienes han sido sustituidos, ahora son ostentados por personas aún más cercanas al estratega de "la tregua".
Bajo la administración de Munguía, se registraron incidentes tan graves como el caso del secuestrador que pagaba su pena en una residencia de San Marcos, matando el tiempo entre juegos de video, dispositivos móviles y visitas íntimas, mientras gozaba de la custodia policial brindada por la delegación de policía local. Es muy probable que, de no ser denunciados, este tipo de abusos continúen y que también persistan acciones similares ejecutadas en el contexto de la negociación con la estructura de mando pandillera.
Ahora que la iniciativa gubernamental ha regresado a la clandestinidad y que el principal "estratega" maneja todo desde la oscuridad, el peligro de la instrumentalización política de las pandillas en el marco de las próximas elecciones, es más latente. Es necesario escrutar los discursos de los candidatos en relación a la oscura iniciativa gubernamental, estar atentos a los apoyos políticos emanados desde la presidencia y del acercamiento secreto de pandilleros a estructuras partidarias, y denunciar cualquier situación que sugiera una interacción cercana entre las pandillas y el sector político.
*Máster en Criminología y Ciencas Policíacas.
@cponce_sv