El despacho de abogados Rusconi, Medina y Asociados, socio local de la firma regional Central Law, avaló el pago de $108.5 millones de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) a la constructora Astaldi SpA para liquidar el contrato de obras de la presa El Chaparral en un proceso de arreglo directo que está, entre otros aspectos, bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
Para ello la autónoma hizo una contratación directa de los servicios del bufete jurídico, según el acta de la sesión de junta directiva de CEL número 3887 del 10 de noviembre de 2011, aduciendo “la confianza y confidencialidad” como elementos relevantes para la adjudicación a esta empresa.
Asimismo, CEL pagó $273,500 por los servicios, sin incluir el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), el cual fue pagado por la autónoma estatal, indica el contrato firmado el 23 de noviembre de 2011 entre el ex presidente de CEL, Irving Pavel Tóchez y el gerente y representante legal del despacho, Luis Alonso Medina.
Pero un dato destacable es que este bufete jurídico permitió a José Miguel Antonio Menéndez Avelar “Mecafé” crear en Panamá, a través del despacho Mossack Fonseca, dos empresas offshore: las sociedades Headford Business S.A. y Rayne Services Corp.
La primera, según el periódico digital El Faro, se constituyó el 24 de noviembre de 2011 mientras que la otra el 17 de julio de 2012, seis días después del 11 de julio de 2012 cuando CEL y la constructora italiana Astaldi firmaran el “arreglo directo” para “liquidar” el contrato por El Chaparral por $108.5 millones. Este arreglo incluía el pago de $28.7 millones como“costo-beneficio” de evitar un litigio internacional, justificó en esa fecha el ex titular de CEL, Leopoldo Samour, secundado por el expresidente Mauricio Funes.
En el documento contractual CELle pide a Rusconi, Medina y Asociados que “le asesore y eventualmente le represente” en el seguimiento de todos los mecanismos de solución de controversias previstos en el contrato 4143-S, el cual se suscribió el 28 de septiembre de 2008 entre la autónoma y Astaldi, durante la administración del expresidente de CEL, Nicolás Salume.
Acá también la estatal deja claro que el despacho tendrá que preparar “las estrategias” para enfrentar los reclamos y controversias conAstaldi, formulando las opciones legales correspondientes, ya sea vía arbitraje internacional (que se hubiera celebrado en México, por así estipularse en el contrato con la firma italiana) o un arreglo directo, pagando “sólo por obras realizadas”.
Según la documentación consultada por este periódico, Medina, Piero Antonio Rusconi y José Roberto Barriere fueron los tres abogados que, en su calidad de socios del despacho, asesoraron a la CEL y recibían pagos de $225 por hora de trabajo, además de $6,000 mensuales en concepto de representación continuada, indica el contrato.
Los asesores recomendaron, en varias sesiones de la junta directiva de la autónoma, resolver vía arbitraje los costos adicionales del acuerdo de arreglo directo con la firma constructora Astaldi y pagar “solo por obras realmente ejecutadas”.
Pese a ello, se finiquitó con un pago final de $108.5 millones el contrato de construcción, a pesar de que el avance de la obra era de solo un 29.29 % , según datos oficiales de la supervisión elaborada por el asocio Euroestudios-Ingetec.
El acta número 3507 del 19 de marzo de 2012 confirma que una parte del proceso de negociación se realizó entre el 12 y el 16 de marzo de 2012 y que se tenía que pagar por las obras construidas conforme a precios contractuales y resolver vía arbitraje internacional los costos “incrementales o adicionales” que Astaldi reclamaba y CEL no reconocía, recomendaba Rusconi, Medina y Asociados.
Esto se relaciona con el acta número 3520 con fecha 1 de junio de 2012, la cual deja claro que según la supervisión de la obra (tanto la realizada por los técnicos de CEL como por el asocio), el valor de la obra es del orden de $85 millones, lo que confirma que no está definido ningún sobreprecio o pago adicional.
El Faro asegura que Medina aparece como cliente e intermediario de Mossack Fonseca en 34 empresas offshore.