Un grupo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) insistió en que no se revelen al público las discusiones del pleno sobre investigaciones de presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios y exfuncionarios, pero sus mismos colegas les recordaron que el interés público prevalece en estos casos.
Los primeros incluso hablaron de investigar a los empleados de la Sección de Probidad por los informes que han salido a la luz pública.
Los 15 magistrados que forman la Corte Plena han protagonizado fuertes debates por el envío a juicio de funcionarios y exfuncionarios que no pudieron justificar incrementos en sus cuentas y bienes.
Por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública se logró conocer que un grupo de magistrados trató de dilatar el envío del expresidente Mauricio Funes a juicio por presunto enriquecimiento ilícito de 728 mil dólares.
Algunos de ellos mismos también se opusieron a que la Corte entregara a un peticionario la grabación de la sesión de la Corte Plena el 2 de febrero de este año, en la que se trató el caso de Funes.
De hecho, en la sesión de Corte Plena del pasado 11 de febrero, el primer tema de agenda fue“Propuesta de declaratoria de reserva en caso de Probidad”, la oficina que dirige las primeras investigaciones contra la corrupción.
Según la transcripción de la sesión, a la que tuvo acceso El Diario de Hoy, el primero en intervenir fue el magistrado Leonardo Ramírez Murcia, quien sugirió “incluir el tema en el debate del tema de declaratoria de reserva”.
Ramírez apuntó también que era conocido que en varios medios de comunicación como El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, El Mundo y El Faro están utilizando información de la misma sección de Probidad.
Ramírez Murcia increpó que “debe exigirse probidad dentro del mismo personal que se encuentra en la sección”, porque según expresó en esa sesión, él no se sentía “cómodo con ser utilizado”.
Pero no se quedó allí. El magistrado, incluso, señaló que “ha habido delito en el manejo de la información y debe incluirse en la investigación a los miembros de la sección de Probidad y los magistrados de la Comisión de Ética y Probidad”.
Luego intervino la magistrada Paula Patricia Velásquez, quien reclamó que “la comunicación a través de los medios no es la forma de enterarse un investigado de los resultados de los hallazgos” de Probidad, porque consideró que “violenta los derechos personales y lesiona la poca credibilidad del Órgano Judicial”.
Velásquez señaló que “es fácil investigar la procedencia de la fuga, dado que los mismos periodistas son los que calzan las noticias”.
Luego pidió que el jefe de Probidad rindiera un informe sobre la información “confidencial” que circulaba en los medios de comunicación.
Después intervino el magistrado Roberto Argueta Manzano, quien propuso emitir una “declaratoria general de reserva de los casos de Probidad”, es decir, que no se revelen al público mientras no haya una resolución final.
Rechaza la reserva de información
Pero el magistrado Florentín Meléndez salió en defensa del interés de la ciudadanía de conocer la información sobre presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios y exfuncionarios.
Meléndez señaló que “la información no debe estar protegida por una reserva previa”, sino que sugirió que se analizara primero de qué tipo de información se trata: si es oficiosa, reservada o confidencial.
El magistrado argumentó que “los debates del Pleno y deliberaciones judiciales no están protegidos por esta reserva que se comenta”.
Y les recordó a sus colegas que“el interés público está por encima de varias reservas que se mencionan y hay jurisprudencia constitucional salvadoreña e internacional” que así lo sustentan.
Asimismo, el magistrado Meléndez apuntó que los señalamientos que hacían sus colegas en cuanto a Probidad “son graves”.
En lo que si concordó es en que haya una investigación de la Fiscalía, pero antes lo debe hacer la misma Corte Suprema.
El funcionario indicó que “se ha filtrado información en este y en otros casos” y no consideraba que se investigara al Jefe de Probidad sin antes hacerlo con cada magistrado.
Entonces la magistrada Velásquez insistió en que el jefe de Probidad explicara “el manejo de información” y dijo que eso no se interpretara como “estar en el banquillo de los acusados”.
Al escuchar eso, el magistrado Meléndez propuso que el tema se estudiara en una comisión y luego se viera en el pleno.
Magistrada dice no están obligados a dar grabación
Sobre el punto de entregar o no el audio que le pedían a la CSJ con la grabación de la sesión del 2 de febrero pasado, la magistrada Doris Luz Rivas Galindo consideró que “no hay obligación legal de grabar y entonces tampoco de entregarlo”.
A criterio de la funcionaria, era un “tema delicado de retomar si se siguen agendas o no”, porque se daba esa impresión. Y si existe filtración o no, Rivas Galindo dijo que deben “tomarse medidas”.
La magistrada Velásquez acotó que “si la comisión de Probidad va a efectuar posibles fugas de información”, pidió que lo informen posteriormente al Pleno.
Ramírez Murcia pidió señalar un plazo a la Comisión de Ética y Probidad para que elabore un “protocolo de manejo de casos y de seguimiento” para determinar “responsables en el manejo de la información”.
El presidente de la CSJ, Armando Pineda, se limitó a decir que retomaba las sugerencias de que esos temas “sean revisados y atendidos” por la Comisión de Ética y Probidad.
Tras escuchar a sus compañeros, el magistrado Florentín Meléndez reiteró sus argumentos sobre el derecho de acceso a la información de interés público.
“Lo que he escuchado hasta ahora no me convence que la información judicial relacionada con la deliberación de las decisiones y sentencias tenga que ser objeto para estar protegido... no creo que sea una interpretación acertada”, insistió Meléndez.
También remarcó que centrar la acusación en el jefe de Probidad no le parecía acertado, en relación a los señalamientos que lanzó la magistrada Velásquez, quien al final desistió de llamar al jefe de Probidad.
En lo que sí estuvo de acuerdo Meléndez fue en tomar medidas para “evitar que se filtre información indebidamente o de manera no oportuna”, pero destacó que siempre hay que dar a conocer la información sin importar el resultado.
Y rechazó que se presten a seguir una “agenda externa” en sus fallos, en alusión a las opiniones de su colega Rivas Galindo. “Son señalamientos muy graves”, acotó.