Los cuatro militares retirados que están detenidos por la muerte de los sacerdotes jesuitas fueron notificados ayer, por el Juzgado Primero de Paz de San Salvador, de que la justicia de España ha enviado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una solicitud de extradición contra ellos.
El juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, acusa a 17 militares salvadoreños de participar en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas (cinco de ellos españoles) en 1989.
Las autoridades capturaron, el pasado 5 de febrero, al coronel Guillermo Benavides Moreno y a los subsargentos Antonio Ávalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez y Tomás Zarpate Castillo. Los otros 13 aún no han sido localizados ni arrestados por la Policía.
Benavides, Ávalos y Vásquez comparecieron ayer por la mañana en el referido juzgado para la diligencia. A Zarpate le hicieron la notificación, por la tarde, en un hospital donde está ingresado por complicaciones de salud.
Lizandro Quintanilla, abogado de los militares, manifestó que la defensa y el Fiscalía General tendrán tres días hábiles para hacer alegatos en torno a la petición de las autoridades españolas.
Después, el Juzgado Primero de Paz deberá enviar un informe a los magistrados de la CSJ para que resuelvan “de inmediato” si los militares deben ser enviados a España.
El jefe fiscal de la Unidad de Asuntos Legales Internacionales, Jaime Cruz, dijo que la institución está actuando como representante de España “pero siempre salvaguardando las leyes salvadoreñas”.
Militares ya fueron juzgados y liberados
El argumento de Lizandro Quintanilla es que los militares ya fueron juzgados por el mismo hecho una vez y recobraron su libertad con la aplicación de la Ley de Amnistía.
“Este caso ya se juzgó en El Salvador y no existe pronunciamiento de ningún tribunal nacional e internacional que haya declarado la irregularidad del caso”, expresó Quintanilla.
Otro alegato de la defensa es que las muertes de los jesuitas no deben considerarse delitos de lesa humanidad, porque estos fueron incluidos en el Código Penal a partir de 1998, por lo que, a su juicio, fueron asesinatos.
El delegado de Ministerio Público dijo que no podía adelantar si hay razones para llevar a cabo la extradición, porque antes debían estudiar el fundamento de la solicitud enviada por España.