Un documento en manos del Gobierno alerta que será necesario cambiar de forma continua la edad de retiro y el porcentaje que se cotiza para pensiones. El alivio que busca el Estado para sus finanzas será una solución temporal que en realidad puede empeorar la situación fiscal en el mediano plazo, según el informe.
El documento “Diagnóstico y Evaluación de Escenarios” destaca a primera vista que hay más desventajas que beneficios en la iniciativa de revertir el actual sistema de pensiones y reabrir un fondo público de reparto.
Esta es una realidad que conocen de primera mano entidades como el Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Reserva (BCR) y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) ya que fueron sus técnicos quienes elaboraron el informe.
Sobre los beneficios para los trabajadores, los técnicos resaltaron que se puede redistribuir las cotizaciones de manera que los afiliados de mayores ingresos contribuyan a las pensiones de aquellos con menores salarios.
Los técnicos señalaron que por otro lado mejorarán las finanzas del Estado ya que la deuda con los cotizantes, a través del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) se anularía, y pasa a ser un compromiso implícito.
Esto significa que en lugar de devolver cada año parte del dinero que tomó prestado, el Gobierno solo pagará cuando cada trabajador llegue a su edad de jubilación.
Además mejora el flujo de efectivo porque el Estado recibirá parte de las cotizaciones de los trabajadores. Sin embargo, el mismo documento resalta que las ventajas fiscales representan beneficios de muy corto plazo.
El lado negativo
El principal problema de reabrir un fondo de reparto es que no existe seguridad de que las cotizaciones se utilizarán únicamente para el pago de pensiones. Aún si esto ocurre, el alivio fiscal que busca el Gobierno puede crear un problema mucho mayor en el largo plazo, indica el informe.
El documento señala que existe una débil institucionalidad pública. Esto crea dos riesgos, primero la incertidumbre sobre el uso adecuado del dinero de los trabajadores. Luego, abre la posibilidad a que las cotizaciones sean utilizadas por el Estado para otros fines.
Además indica que el alivio fiscal en realidad puede aumentar el déficit de las finanzas públicas en el largo plazo. Esto porque el Estado será responsable de pagar las pensiones a todos los trabajadores y a muchos de ellos les aumentará los beneficios.
El problema es que a la larga, el sistema de reparto puede no ser sostenible para los trabajadores pues la pensión de un cotizante actual dependerá de la capacidad de pago que el Gobierno tenga en el futuro. Los técnicos alertaron al Gobierno que la capacidad de pago solo se podrá lograr “a través del ajuste periódico de algunos... parámetros tales como la tasa de cotización y la edad de jubilación”.
El aumento de la edad y la cotización es algo que ya han rechazado los trabajadores.