La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó una petición para declarar inconstitucional la actual Ley de Pensiones, la misma que la Asamblea Legislativa pretende reformar para dar paso a un nuevo sistema de reparto mediante el que, según han denunciado los sindicatos, el Gobierno tomaría la mitad de los ahorros de los trabajadores.
El máximo tribunal le dijo “no” al grupo de demandantes, porque no sustentaron los señalamientos de que dicha ley viola la Constitución “por vicios de forma”.
Entre los cinco demandantes figuran Óscar Gilberto Canjura Zelaya y Maximiliano Omar Martínez Flores, quienes aparecen en el padrón del partido oficial FMLN como miembros.
“No dan argumentos, ellos (los demandantes) dicen que se violó el reglamento (de la Asamblea Legislativa) y ya estuvo, pero la Constitución dice que en la demanda deben de exponerse los motivos por los cuales se considera que una ley es inconstitucional y ellos solo dicen que aquí se incumplió el reglamento, nada más”, explicó el magistrado Rodolfo González a El Diario de Hoy.
Los demandantes argumentaron que la Ley de Pensiones infringe el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa. “Toda la argumentación que ellos (demandantes) hacen se queda en posibles violaciones al Reglamento, y la Sala no tiene competencia para estar viendo lo del reglamento sino que violaciones a la Constitución, y la demanda no dice nada”, dijo el jurista.
Los alegatos
Los demandantes alegaron también que el dictamen favorable para la referida ley que emitió en 1996 la comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa en ese entonces, solo fue avalado por seis diputados de los 13 que integran la referida comisión legislativa, y por lo tanto, no concurrieron los votos de siete diputados como mínimo que requiere el reglamento interno del Congreso.
Argumentaron que dos de los diputados que suscribieron el dictamen no formaban parte de la Comisión de Hacienda y especial del Presupuesto. Además, uno de los seis de los parlamentarios que firmó el acta lo hizo en sustitución de otro, y sin estar facultado para ello, de acuerdo a los demandantes.
Pero los demandantes “tendrían que haber alegado posibles violaciones a la Constitución y lo que alegaron fueron violaciones al Reglamento (interno de la Asamblea Legislativa)”, afirmó el magistrado, por su parte.
Coincide con intentos de reforma de la Ley
El magistrado González aclaró que la decisión de rechazar la inconstitucionalidad de la Ley de Pensiones coincidió de forma circunstancial con el momento en el que la Asamblea discute reformas a la referida legislación para un sistema mixto.
El lunes pasado, la Asamblea realizó un foro para discutir las reformas a la Ley de Pensiones, donde Fusades y especialistas del Derecho consideraron que riñe con la Constitución la idea del Gobierno de tomar parte de los ahorros de los trabajadores.
El Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop) expresó que la actual propuesta de reforma de Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, diseñada por el Ministerio de Hacienda, debe ser “enviada al archivo, debido a que “es perjudicial” para la población.
Otros grupos sindicalistas como el Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador (Musyges) indicaron que no están de acuerdo con la aprobación de dicha reforma y que con anterioridad se han reunido con representantes del gobierno, pero no toman en cuenta los razonamientos del sector laboral.
Los sindicatos han cuestionado este proyecto, porque el Gobierno tomará la mitad de los ahorros de los trabajadores (unos $4,000 millones) en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para resolver su falta de dinero, pero no garantiza una pensión digna a futuro a los trabajadores.
Dirigentes de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (Astram) han advertido que, de aprobarse la reforma, “las pensiones que nos estarían dando serían paupérrimas”.