BRASILIA. El Senado brasileño instaló ayer una comisión especial que decidirá si la presidenta Dilma Rousseff responderá a un juicio político por unas maniobras contables que maquillaron los resultados del gobierno en 2014 y 2015.
La comisión tendrá 21 miembros, cuyos nombres fueron confirmados ayer, y durante los próximos díez días deberá elaborar un informe sobre el asunto, que luego irá a votación en el pleno del Senado.
Si el pleno aprueba la apertura del juicio político por mayoría simple entre sus 81 miembros, lo cual puede ocurrir alrededor del 10 de mayo, Rousseff será obligada a separarse de su cargo mientras dure el proceso, que tendrá un plazo de 180 días.
En ese caso, Rousseff será sustituida durante ese período por el vicepresidente Michel Temer, quien completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 si se llegara a una destitución.
La relación entre Rousseff y Temer está completamente rota y la mandataria ha asegurado que su vicepresidente es “uno de los jefes” de una “conspiración” que supuestamente intenta recortar su mandato.
El vicepresidente ha negado que trabaje por la caída de Rousseff, pero en las últimas semanas ha mantenido constantes consultas con personalidades de la política y la economía, al parecer con miras a lo que pudiera ser su eventual gobierno.
La comisión celebrará su primera reunión hoy, cuando serán elegidos el senador que la presidirá y el que asumirá el papel de instructor del caso.
La comisión fue constituida en forma proporcional, en función de los escaños que cada fuerza política tiene en el Senado.
El mayor número de miembros (cinco) recayó en el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), primera minoría con 18 senadores y liderado por Temer.
El opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) tendrá tres miembros, igual que el Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Rousseff y que articula las fuerzas oficialistas, que parecen estar en minoría en la comisión de senadores.
A los tres miembros del PT, el arco claramente oficialista solo suma en la comisión otros tres senadores de los partidos de la República (PR), Democrático Laborista (PDT) y Comunista do Brasil (PCdoB), con un miembro cada uno.
Los otros 7 cargos en la comisión han quedado distribuidos entre cinco partidos que, al menos en el paso previo de la Cámara de Diputados, votaron a favor de que se inicie el juicio político a Rousseff.
Mientras, un sondeo realizado por el Instituto Ibope reveló que un 62 % de los brasileños apuesta por una nuevas elecciones presidenciales para superar la crisis política.
De acuerdo con el estudio, más de la mitad de los encuestados quiere que tanto la mandataria como el vicepresidente renuncien y que se celebren unos nuevos comicios.
Por el contrario, el 25 % de las respuestas fue a favor de que la jefa de Estado permanezca en el cargo, pero a cambio de que el Ejecutivo llegue a un nuevo pacto con la oposición. La encuesta fue realizada entre el 14 y 18 de abril, cuando se entrevistaron a 2,022 personas de 142 municipios brasileños.