El Salvador era considerado el "tigre" de los negocios en Centroamérica, a tal punto que el ranking de Doing Business del Banco Mundial, en el año 2006 nos situaba en el puesto 75 dentro de 178 países en el mundo. Luego de estas épocas de gloria, hemos tenido un estrepitoso retroceso, ahora ocupamos la posición 113, es decir hemos caído 38 escalones. De tigre pasamos a gato.
Parte de este declive se debe a que no contamos con una visión de competitividad clara y nos enfrascamos en ensimismarnos. Perdemos de vista las acciones que están realizando no sólo los países centroamericanos, sino también los asiáticos o de la antigua Unión Soviética. No nos dejamos inspirar por las mejores prácticas y perdimos el contacto con una serie de subtemas claves en una agenda para el desarrollo de todo país, tales como el manejo de los permisos de construcción, pasos para la apertura y cierre de una empresa, tramitología y burocracia excesiva que afectan el clima de negocios. Estos aspectos, además de aumentar los costos de los negocios, generan espacio para la corrupción al ser campo fértil para el pago de sobornos, entre otros efectos perniciosos.
El país moderno que debemos construir, debe ver su reflejo en un espejo de claridad y transparencia y no como ahora en una figura cada vez más enmarañada. La competitividad es una decisión y esfuerzo sostenido de todos los actores, sean públicos o privados.
Con el proceso de discusión de la Ley de Asocios Públicos-Privados (APP) volvió a surgir la pugna de visiones sobre si el Estado puede por sí solo hacerle frente al desarrollo de la infraestructura necesaria para impulsar el país o si requiere del apoyo del sector privado como un actor estratégico. Muchos esfuerzos se han truncado por no trascender en esta discusión. Países como Colombia, Perú y Chile, han identificado que el Estado debe buscar ayuda cuando lo necesita y cuando requiere acelerar la gestión pública. Un Estado fuerte es aquel que suma el esfuerzo de todos. Ambos sectores deben aprender a confiar entre sí, comprendiendo que el desarrollo nacional pasa por un esfuerzo y responsabilidad compartida. Este entendimiento potenciará el crecimiento sostenido de nuestra economía y se traducirá en empleos y prosperidad para la ciudadanía.
La "Iniciativa para la Competitividad" y el "Asocio para el Crecimiento", están realizando un trabajo muy preciso identificando aquellas medidas que puedan rápidamente mejorar el clima de negocios. Una de ellas era contar con una buena Ley de APP, no con una cuya complejidad desincentive las inversiones en nuestro país, entre otros puntos con la excesiva participación de la Asamblea Legislativa. Si bien la aprobación de la Ley de APP fue por consenso, dejó mucho qué desear el texto finalmente aprobado. Aún cuando era importante encontrar un punto de equilibrio entre todas las fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa, que tenían divergencias por visiones ideológicas, igual o más importante era crear una ley que nos permitiera competir con otros países del mundo y no pasara a abultar nuestro ya engorroso ordenamiento jurídico.
Para procurar una buena implementación se requiere de seguridad jurídica y de una institucionalidad adecuada que brinde el seguimiento a la Ley con criterios técnicos y no políticos. Especialmente cuando enfrentamos un escenario fiscal complejo. Ojalá no se repita la historia de la Ley de Acceso a la Información Pública, cuya institucionalidad continúa débil por falta de recursos.
Nuestro país necesita un golpe de timón para iniciar la recuperación de la competitividad. La Ley de APP es una herramienta que nos permitiría retomar el rumbo, pero esto será imposible con el texto actual. Aún estamos a tiempo de tener una buena ley, está en manos del Presidente de la República observarla y garantizarle al país la que tanto necesitamos. Demos pasos hacia adelante, no nos mantengamos estancados.
*Columnista de El Diario de Hoy.