La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) alertó este lunes que ha abierto 30 nuevos expedientes de investigación con un centenar de personas que podría haber sido ejecutadas entre 2014 y 2015, en hechos en los que las autoridades habrían justificado como enfrentamientos armados.
En dos de los casos, la PDDH se quejó de no haber recibido la colaboración requerida de la Policía, Fiscalía General ni del Ministerio de la Defensa en el proceso de investigación que siguió esa instancia.
“Tuvimos total negativa de colaboración para acceder a la información del anterior fiscal, Luis Martínez. También hubo falta de cooperación del ministro de Defensa en el caso del cantón Pajales donde intervinieron militares”, subrayó el procurador David Morales.
Se quejó de no haber recibido información de los dos últimos directores de la PNC, comisionados Mauricio Ramírez Landaverde y Howard Cotto.
Cotto en respuesta afirmó que siempre que hay intercambios de disparos con pandillas, unidades de investigación y laboratorio de la Policía, así como Asuntos Internos y Control de la PNC al mando de la Fiscalía, ingresan al terreno a verificar los hechos, y los policías y militares involucrados son separados para transparencia de la investigación.
“No nos remitieron la información requerida a excepción de la Unidad de Control y Procedimientos de la Policía, que si tuvo un nivel de colaboración para con la PDDH”, subrayó.
En respuesta a la denuncia del procurador Morales, el exfiscal Luis Martínez afirmó que en su mandato “hizo lo que le la Ley le mandó a hacer”. Agregó que no podía ampliar porque desconocía detalles del informe de la instancia de derechos humanos.
Uno de los hechos que la Procuraduría investigó se registró el 16 de agosto de 2015 en cantón Pajales, Panchimalco, donde murieron cinco personas y en la finca San Blas, en San José Villanueva, La Libertad, donde perecieron ocho personas en un operativo el 26 de marzo de 2015.
En ambos casos, las autoridades afirmaron que los sujetos murieron al enfrentarse con la autoridad.
En cantón El Matazano II, del municipio de San José Villanueva seis sujetos tenían entre 20 y 40 años; dos más 16 y 17 años.
“En la investigación se encontraron suficientes evidencias para responsabilizar a efectivos policiales de la ejecución extralegal en al menos dos personas: Dennis Alexander Hernández (escribiente de la finca San Blas) y Sonia Esmeralda Guerrero”, detalla el informe de la Procuraduría. La Policía dijo que se encontraron con un grupo de sujetos que se les enfrentó por al menos 45 minutos.
La investigación de la Procuraduría halló “una grave alteración de la escena tras ser contaminada; los técnicos de la Policía y los forenses llegaron al lugar 12 horas después del hecho.
Antes de su llegada, dijo, fue sorprendido un grupo de policías tomando fotos a los cadáveres para supuestamente subirlos a las redes sociales. Además cuatro de los cuerpos habrían sido movidos del lugar en que quedaron, según información forense.
Además, las armas asociadas a las víctimas tenían escasos rastros de sangre y fue imposible hacer un examen serológico efectivo.
Varios de los cargadores de las armas que portaban estaban llenas de munición en contraste a un combate de 45 minutos.
Agrega la Procuraduría, que uno de los muertos tenía un edema cerebral que pudo haberle causado agonía; y que habría sido rematado posteriormente de varios disparos.
Detalla el informe que una testigo dice que escuchó a un joven y una mujer que suplicaba por su vida y luego se oyeron varios disparos y luego vino un silencio, habían muerto.
En Pajales se encontraron lesiones de bala en las víctimas a menos de 60 centímetros de distancia, otro a menos de 30 centímetros lo que podría contradecir la tesis del enfrentamiento a más de 30 metros. En tres cuerpos presentaban edema cerebral que hace suponer que resultaron heridos y luego recibieron disparos letales.
No se encontraron rastro de disparos ni en ventana ni puertas como parte de un enfrentamiento señala la institución de derechos humanos